La reforma judicial no solo removió a cientos de juzgadores; hoy, además, muchos de ellos siguen sin recibir el pago que por ley les corresponde. No se trata de un privilegio de “élites”, sino de una prueba de fuego para el Estado de derecho: si al propio Poder Judicial se le puede despedir y dejar en la indefensión, ¿qué le espera al ciudadano común cuando el gobierno decida ignorar sus derechos?
La sociedad civil no puede mirar hacia otro lado. Detrás de cada salario retenido hay familias, hipotecas, tratamientos médicos, historias de servicio público. Aplausos fáciles contra los jueces pueden sonar populares, pero normalizar que el gobierno incumpla sus obligaciones es abrir la puerta a que también lo haga con maestros, médicos, pensionados y cualquier voz incómoda.
Defender el pago a los juzgadores cesados es defender una regla básica: quien trabaja y cumple, cobra. También es enviar un mensaje claro a cualquier poder: los cambios políticos no pueden pagarse con la dignidad ni con la seguridad económica de las personas. Si hoy guardamos silencio porque “no son de los nuestros”, mañana, cuando el atropello toque a nuestra puerta, quizá ya no quede a quién acudir.