Bajo la sombra de Stalin, el fiscal Andréi Vyshinski perfeccionó el arte de la tiranía legal: la ley existía para confirmar la voluntad del dictador, no para buscar la verdad. Sepultó la presunción de inocencia e instauró la culpabilidad política, acuñando una frase que hoy resuena en los pasillos del poder en México: “Dadme al hombre y yo encontraré el delito”. Vyshinski no impartía justicia; cazaba “perros rabiosos” y “enemigos del pueblo”.
Alejandro Gertz Manero deja una Fiscalía convertida en instrumento personal. Filtró expedientes para presionar adversarios, como en el caso de huachicoleo fiscal del empresario Rocha Cantú y persiguió a su propia familia política con un celo procesal que jamás mostró frente a la corrupción estructural. Bajo su mando, la FGR fue un aparato selectivo: voraz con enemigos y complaciente con el poder, incluso destinando recursos institucionales para apoyar la rifa del avión presidencial. Su salida no es rectificación: confirma que la institución quedó reducida a un espacio sin controles, sin autonomía y sin propósito público.
La llegada de Ernestina Godoy no apunta a una restauración, sino a una consolidación. Su trayectoria no anticipa autonomía, sino disciplina política. Quien blindó políticamente las tragedias de la Línea 12 y el Rébsamen, avanza ahora hacia una justicia rápida para los adversarios, lenta e indiferente ante el crimen que sufren millones. Con un Poder Judicial bajo asedio y un ministerio público dócil, la ley deja de ser garantía y se convierte en instrumento de castigo. Cuando la justicia depende de quién gobierna y no de lo que se prueba, lo que sigue es la muerte del Estado de derecho.