La independencia judicial es uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado democrático de derecho. Sin tribunales autónomos, no existe una verdadera protección de los derechos de las personas.
Este mes el Órgano de Administración Judicial redujo el salario de jueces y magistrados de carrera que continuaron en funciones luego de la elección.
Se trata de una abierta violación al artículo 94 constitucional. La norma de irreductibilidad de salarios no es un privilegio, sino una garantía de independencia.
Una remuneración adecuada basada en criterios objetivos, protege a los juzgadores de interferencias externas indebidas. Junto con la estabilidad y la inamovilidad, son garantías para la sociedad, de que las decisiones que tomen serán autónomas.
Pero esto no es nuevo. El desdén del gobierno por la impartición de justicia se ve reflejado en la falta de recursos para los órganos jurisdiccionales, la inacción ante la incapacidad de algunos juzgadores electos, la mutilación del juicio de amparo, entre otras cosas.
Un régimen que debilita deliberadamente a sus tribunales no está combatiendo privilegios ni fortaleciendo la democracia: está desmontando los contrapesos que limitan su poder.