Desde hace varios días el centro de los comentarios en medios de comunicación ha sido el choque abierto entre dos connotados miembros del obradorismo, los más influyentes en el pensamiento y la acción de AMLO: Julio Sherer y Jesús Ramírez, actual Coordinador de Asesores de la presidenta Sheinbaum.
A raíz de la publicación del libro “NI Venganza ni Perdón”, de Sherer, ambos se han hecho señalamientos relacionados con su probable participación en redes delincuenciales y de participación en esquemas de financiamiento ilícito vinculados a campañas y a operadores delictivos, situaciones que, en bien de la imagen presidencial, deberían ser investigadas, aunque Sheinbaum no lo considere así.
Pero este tipo de pleitos entre políticos, del mismo partido o entre partidos, no es nuevo. En lo que va del milenio los ha habido desde Vicente Fox (gastos excesivos y tráfico de influencia), pasando por Calderón (disputas por estrategia contra el narcotráfico y filtraciones a la prensa), y Peña Nieto (acusaciones de pagos a columnistas y medios para promover reformas estructurales). Con AMLO es de recordar diferencias entre la Consejería Jurídica (Julio Sherer) y la Secretaría de Gobernación (Olga Sánchez Cordero). En todos los casos hubo cambios en los gabinetes respectivos, pero no investigación.
Aun cuando la presidenta Sheinbaum ha insistido en diferentes momentos que el movimiento de la transformación de cuarta está muy cohesionado y unido, en el último año Morena ha mostrado múltiples enfrentamientos internos: pugnas por candidaturas y control territorial, acusaciones de uso de recursos públicos y denuncias cruzadas que se han intensificado rumbo a 2027 y que tampoco son investigadas.
Entre los enfrentamientos están el de Adán Augusto López con Ricardo Monreal, acusándose mutuamente por irregularidades en contratos del Senado y de omisiones patrimoniales (no declarar ingresos excesivos). También están las disputas entre dirigentes del partido por candidaturas con acusaciones de uso de recursos públicos y nexos con el crimen; igualmente los pleitos entre Monreal con otros dirigentes en disputa por espacios legislativos, sin dejar de mencionar choques entre liderazgos locales y gobernadores, denuncias anónimas que vinculan a rivales del mismo partido con crimen organizado, y una división general entre militancia y cuadros medios. Nada de ello se ha investigado.
La propia presidenta ha tenido tensiones con sectores y actores de su partido, por la desobediencia a la austeridad de varios de sus integrantes, incluidas algunas gobernadoras y gobernadores. El más reciente: el de Mario Delgado contra Marx Arriaga, a quien destituyen de la Dirección de Materiales Educativos y de quien ella se muestra excesivamente cauta, quizá por ser un consentido de la ex no primera dama.
Aunque la presidenta dice que no hay ruptura en el partido -y se mofa de quienes así lo ven- al menos en 15 estados se registran tensiones visibles entre gobernadores, alcaldes y liderazgos locales en torno a candidaturas y control de estructuras. Estos choques rara vez terminan en procesos judiciales inmediatos, pero sí generan desgaste en la imagen del gobierno, que se niega a investigar hasta que “se presenten pruebas.”
Con todos estos antecedentes, es inevitable pensar en un desgaste del partido, y que la transformación de cuarta se está descuartizando.