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2 de marzo 2026

Paloma Espinoza Cházaro/Ciudadanía y Café

@palomaechazaro

La inteligencia artificial ya no es un lujo tecnológico; es una herramienta estratégica en gobiernos. Sirve para analizar datos, automatizar procesos, detectar riesgos y diseñar políticas públicas más eficientes. En teoría, todo suena perfecto: decisiones basadas en evidencia y menos burocracia.

El detalle es que, cuando la IA interviene en temas que afectan derechos (salud, justicia y apoyos sociales), la discusión cambia. Ya no hablamos solo de eficiencia, sino de ética, transparencia y rendición de cuentas.

Mientras América Latina, con apoyo de CEPAL y la OEA, intenta construir marcos responsables, la Unión Europea ya impuso reglas estrictas con su AI Act. Estados Unidos, por su parte, busca acelerar la adopción gubernamental con controles progresivos, sin frenar la innovación.

El dilema global es claro: ¿cómo regular sin asfixiar el desarrollo? ¿Cómo innovar sin poner en riesgo derechos fundamentales?

La IA puede hacer gobiernos más inteligentes… o más opacos, si no se supervisa correctamente. La tecnología avanza; la pregunta es si nuestro país e instituciones avanzan al mismo ritmo.

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