Mauricio Cárdenas Palacios/Diputado local por el VI distrito
El pasado 11 de marzo no solo se rechazó una iniciativa: se frenó un intento por debilitar nuestra democracia.
Se detuvo un proyecto que, lejos de representar a la ciudadanía, buscaba ajustar las reglas del juego para beneficiar a quienes hoy detentan el poder, estamos hablando de la reforma electoral planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El mensaje fue claro y contundente: ni las presiones ni las amenazas ni la narrativa oficial lograron sostener una reforma que nació sin legitimidad.
Desde Acción Nacional lo decimos con claridad: sí estamos a favor de optimizar los recursos públicos. Sí creemos en un gobierno austero, eficiente y responsable. Cada peso que aportan las y los mexicanos debe cuidarse y utilizarse con inteligencia. Pero optimizar no significa destruir instituciones ni mucho menos disfrazar de “ahorro” decisiones mal planeadas.
Porque mientras hoy se pretende justificar una reforma electoral bajo el argumento de reducir costos, la realidad exhibe otra historia: la de miles de millones de pesos mal ejercidos en obras que no han cumplido lo prometido.
Ahí está el Tren Maya, cuyo costo se ha disparado muy por encima de lo inicialmente planteado, requiriendo además subsidios constantes para poder operar. Un proyecto que, lejos de ser autosuficiente, sigue representando una carga para las finanzas públicas.
Ahí está también el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, diseñado para atender a millones de pasajeros, pero que aún opera muy por debajo de su capacidad proyectada.
Y qué decir de la refinería de Dos Bocas, cuyo presupuesto se duplicó sin que, hasta ahora, logre producir al nivel que se prometió.
Eso no es austeridad.
Eso no es eficiencia.
Eso es improvisación.
Por eso preocupa que, tras el rechazo del Plan A, hoy se insista con un “Plan B” que no surge del diálogo ni de la autocrítica, sino de la frustración. Cuando no se puede imponer una reforma, pareciera que se busca ajustar cuentas.
Se señala como “traidores” a quienes votaron en contra, olvidando que hace poco eran aliados. Esa incongruencia no solo evidencia una visión facciosa del poder, sino una peligrosa intención de debilitar los contrapesos democráticos.
México no necesita ocurrencias ni reformas hechas al vapor. Necesita instituciones fuertes, reglas claras y gobiernos que entiendan que el poder público no es para castigar ni para concentrar, el servicio público es para eso, para servir.
Lo ocurrido el 11 de marzo deja una lección clara: la democracia no se negocia.
Y mientras algunos insisten en cambiar las reglas cuando no les favorecen, en Querétaro por encima de cualquier plan A, B o C, aquí seguiremos defendiendo la democracia, el equilibrio de poderes y el respeto a nuestras instituciones.