La reforma judicial en Querétaro: entre el deber constitucional y la responsabilidad democrática: Mauricio Cárdenas

Mauricio Cárdenas Palacios/Diputado local por el VI distrito

La reciente aprobación en Comisiones Unidas del proyecto de dictamen en materia de reforma al Poder Judicial del estado de Querétaro representa, sin duda, uno de los momentos más relevantes en la vida institucional de nuestra entidad. No porque se trate de una reforma perfecta —lejos de ello—, sino porque responde a un mandato constitucional que, como legisladores, estamos obligados a atender con responsabilidad, seriedad y visión de Estado.

Debo ser claro, ésta no es la reforma judicial que, en lo personal, habría diseñado desde cero. Existen aspectos que generan preocupación legítima y que, desde mi perspectiva, deberán revisarse con profundidad en el futuro. Sin embargo, también reconozco que este proceso ha sido resultado de un ejercicio plural, donde convergieron distintas visiones políticas, técnicas y jurídicas, logrando construir un consenso que brinda certeza en un contexto nacional complejo.

Uno de los cambios más significativos es la incorporación del voto ciudadano en la elección de jueces y magistrados a partir de 2027. Este elemento, alineado con la reforma federal, implica un rediseño profundo del sistema de justicia. Si bien representa un avance en términos de participación democrática, también nos obliga a establecer mecanismos sólidos que garanticen que quienes aspiren a impartir justicia cuenten con la preparación, experiencia y ética necesarias. La justicia no puede ni debe convertirse en un ejercicio de popularidad.

En ese sentido, celebro que se haya incorporado el fortalecimiento de la Escuela Judicial como un pilar fundamental para asegurar el mérito como criterio rector. Asimismo, la inclusión de jueces cívicos en los 18 municipios abre una oportunidad para acercar la justicia a la ciudadanía, siempre que estos perfiles cumplan con estándares claros y rigurosos.

Otro aspecto relevante es el impulso a los medios alternativos de solución de conflictos. En un sistema judicial que históricamente ha enfrentado rezagos, apostar por mecanismos que privilegien el diálogo y la conciliación es una decisión acertada que puede traducirse en beneficios concretos para las familias queretanas.

También es importante destacar que se mantiene la división del Poder Judicial, evitando la concentración de poder y preservando un principio esencial de nuestro sistema democrático. Este equilibrio institucional es indispensable para garantizar contrapesos reales y proteger los derechos de las y los ciudadanos.

No obstante, este proceso no concluye con la aprobación del dictamen. Por el contrario, apenas comienza una etapa igualmente crucial: la construcción y armonización de las leyes secundarias. Será ahí donde realmente se definirá el alcance, la eficacia y la viabilidad de esta reforma. Tenemos la responsabilidad de perfeccionar lo aprobado, corregir lo necesario y asegurar que el acceso a la justicia sea una realidad tangible.

Hoy, más que nunca, debemos actuar con altura de miras. Como legisladores, no podemos permitir que las diferencias ideológicas frenen el cumplimiento de nuestras obligaciones constitucionales. Pero tampoco podemos renunciar a nuestra facultad de analizar, cuestionar y mejorar aquello que impactará directamente en la vida de las personas.

Esta reforma no es el punto de llegada. Es, en todo caso, un punto de partida.