El diputado local y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Homero Barrera McDonald, compartió detalles sobre el estado actual de la Ley de Supremacía Constitucional, indicó que, hasta el momento, solo ha recibido un correo informativo sobre la iniciativa, pero el documento oficial aún no ha llegado a la LXI Legislatura de Querétaro.
Esto significa que, no se puede proceder a su análisis ni a su turno en comisiones, ya que, según la Ley Orgánica de este congreso, se requiere la entrega física del documento para iniciar el proceso legislativo.
“Muchos de ustedes lo saben, en muchos estados de la República al recibirse de manera electrónica se pueden turnar de inmediato a comisiones (…) aquí en la Legislatura de Querétaro no es así se tiene que esperar después de la electrónica, la física y cuando llega la física, todavía tenemos que esperar 48 horas para poder notificar a nuestros compañeros de las comisiones”, comentó el legislador.
El diputado también aprovechó la ocasión para informar que la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura de Querétaro ha comenzado a trabajar en otras minutas que ya han sido turnadas al Congreso, entre las que se encuentran las relacionadas con salarios, la Guardia Nacional y los pueblos originarios y afrodescendientes.
Por otro lado, Barrera McDonald expresó su entusiasmo por poder contribuir a estos temas, enfatizando su compromiso de ser útil desde la Cámara Federal para el Congreso del Estado.
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Por su parte, Andrea Tovar Saavedra, presidenta de la mesa directiva señaló la necesidad de reformar la Ley Orgánica para permitir que las minutas sean recibidas automáticamente a través del correo electrónico, tal como ocurre en otros estados de la República. «Vamos a platicar con nuestras compañeras y compañeros diputados para que lo más pronto posible, se pueda reformar la Ley Orgánica», afirmó.
La diputada abordó las críticas que han surgido en torno a la reforma de Supremacía Constitucional, señalando que el diálogo constante entre los legisladores es esencial para alcanzar consensos que beneficien al estado.