La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez presentó el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN sobre la reforma a la Ley de Amparo, advirtiendo riesgos para los derechos de los ciudadanos. La legisladora aseguró que la minuta enviada por la Cámara de Diputados contiene decisiones apresuradas y cambios improvisados que debilitan el juicio de amparo.
Murguía Gutiérrez subrayó que la reforma restringe el interés legítimo, exigiendo que la afectación o el beneficio sean ciertos, lo que deja fuera a grupos de consumidores, comunidades indígenas, padres de familia y colectivos LGTB. Además, criticó la afectación a la suspensión del acto reclamado, medida clave para evitar daños irreparables mientras se resuelve el juicio.
La suspensión no procederá en actos de concesiones, licencias o permisos.
Tampoco se aplicará en bloqueos de cuentas del DIF ni en amparos de créditos fiscales.
La supuesta corrección a la retroactividad de la ley fue calificada como simulación política.
La senadora señaló que esta reforma no fortalece al amparo, sino que protege principalmente al gobierno y a empresarios con deudas fiscales, contraviniendo la progresividad de los derechos humanos y la función original del amparo como freno al abuso de poder.
Murguía cuestionó la justificación de acabar con la “dictadura de la toga”, pues la reforma otorga más discrecionalidad a los juzgadores, al permitirles decidir si procede el amparo o la suspensión. La legisladora concluyó que la reforma tiene una dedicatoria clara hacia el gobierno y empresarios poderosos, y reiteró que el PAN votará en contra de su aprobación.
La ley incluye disposiciones sustantivas y procesales que afectan derechos fundamentales.
El PAN considera que la reforma debilita la democracia al favorecer intereses específicos.
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