Montachoques podrían recibir 42 años de prisión con nueva legislación federal

Con nuevas penas que alcanzan hasta 42 años de prisión, el Senado alista la aprobación de una ley que busca frenar la extorsión en sus distintas modalidades. El endurecimiento de sanciones responde al incremento de casos como los montachoques y la extorsión desde penales.

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Endurecen penas para extorsión y complicidades oficiales

Las comisiones unidas del Senado avanzaron en el dictamen de la nueva ley contra la extorsión, que establece una pena base de 15 a 25 años de prisión para quien cometa este delito.

El proyecto contempla agravantes que pueden elevar la sentencia hasta los 42 años, especialmente cuando se emplea violencia física o moral en hechos de tránsito provocados de manera intencional, práctica común en casos de montachoques.

El documento también refuerza la sanción contra funcionarios que omitan denunciar actos de extorsión, imponiendo de 10 a 20 años de cárcel a policías, fiscales, jueces o custodios que, teniendo conocimiento del delito, no lo reporten a las autoridades competentes.

Entre las medidas destacadas se encuentran:

• Hasta 12 años de prisión a quien introduzca teléfonos o dispositivos electrónicos a centros de reclusión.
• Hasta 30 años de cárcel para cualquier autoridad penal que facilite extorsiones desde prisión.
• Destitución e inhabilitación para servidores públicos que participen en estas conductas.

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Golpe directo a montachoques y otros esquemas de intimidación

La legislación pone énfasis en frenar esquemas de extorsión que se han vuelto recurrentes en distintas ciudades, como los llamados montachoques, donde grupos provocan accidentes viales de manera deliberada para exigir pagos inmediatos. Esta modalidad, basada en la intimidación y el engaño, se considerará un agravante grave dentro del nuevo marco legal.

El dictamen también contempla sanciones más severas cuando los delincuentes se hacen pasar por autoridades, portan vestimentas oficiales o utilizan menores de edad en sus operaciones. Asimismo, se impondrán castigos adicionales cuando la extorsión afecte la economía de comunidades completas o busque impedir denuncias.

Con este paquete de reformas, el Senado busca ofrecer un marco más sólido de protección para víctimas y cerrar espacios a redes delictivas que operan tanto en la calle como dentro de penales.

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Con información de Excélsior