El senador Agustín Dorantes Lámbarri informó que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro ya implementa el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RENOA), como parte del cumplimiento de acuerdos en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El legislador explicó que, además de la aplicación del registro en la entidad, promovió en el Senado un exhorto y una propuesta de reforma legal para ampliar las obligaciones vinculadas al padrón de deudores alimentarios.
Dorantes señaló que, aunque la ley general ya contempla restricciones —como impedir trámites de pasaportes o licencias de conducir a deudores—, estas disposiciones no se han ejecutado plenamente.
Asimismo, planteó que se amplíen las medidas para que personas con adeudos alimentarios no puedan acceder a programas sociales no universales ni ocupar cargos como funcionarios públicos sin acreditar el cumplimiento de sus obligaciones.
Destacó que en Querétaro el Poder Judicial ya exige la presentación del certificado de no inscripción en el RENOA como requisito para laborar en la institución, y manifestó su intención de que esta medida se extienda al Congreso, al Poder Ejecutivo, a municipios y a empresas.
Cambio cultural, no castigo
El senador subrayó que la intención no es castigar, sino generar conciencia sobre el derecho de hijas e hijos a recibir pensión alimentaria y garantizar una vida plena conforme a lo determinado por los tribunales.
Durante el anuncio, Ivonne Gutiérrez, madre de un adolescente de 14 años, agradeció que se visibilice la problemática de los deudores alimentarios. Por su parte, la abogada especialista Gabriela Yong Morales afirmó que en muchos casos el incumplimiento persiste porque las autoridades no aplican de manera efectiva el RENOA ni las sanciones previstas.
Registro con bajo cumplimiento
El consejero de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Israel Soto Campos, informó que actualmente existen 183 personas registradas como deudores alimentarios en la entidad, de las cuales únicamente cinco han regularizado su situación para salir del padrón.
Ante este panorama, Dorantes reiteró la necesidad de fortalecer el registro y garantizar que las disposiciones legales no queden como “letra muerta”.
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