Avanza la iniciativa para una justicia cívica administrativa con perspectiva de género en Querétaro
Los diputados locales en comisión respaldaron una iniciativa a favor de las mujeres en la justicia municipal / Foto: Irán Hernández
Aprueban iniciativa de ley con el objetivo de que los policías municipales y jueces cívicos actúen con perspectiva de género, con protocolos claros y que eviten la revictimización
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Legislatura de Querétaro aprobó una iniciativa de ley con el objetivo de que los policías municipales y jueces cívicos actúen con perspectiva de género, con protocolos claros y que eviten la revictimización contra las mujeres.
La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Meza, autora de la iniciativa, puntualizó que su propuesta tiene sustento porque las instituciones no son neutrales y consideró que históricamente han sido construidas desde una ideología patriarcal.
“Cuando una mujer es detenida por una falta administrativa, cuando comparece ante una autoridad cívica, cuando es sometida a una revisión o custodia, no llega a ese espacio en condiciones de igualdad; llega en un contexto en donde la violencia de género sigue siendo una realidad cotidiana”, explicó.
Detalló que incorporar la perspectiva de género en la justicia cívica administrativa no es una cuestión ideológica, sino una obligación constitucional derivada del artículo primero y del artículo cuarto de la Constitución, así como de compromisos internacionales.
“Más allá del marco normativo, esta reforma tiene un sentido político profundo, reconoce que el poder punitivo (de sanciones) del estado debe ejercerse sin violencia institucional”, subrayó.
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Expuso que la Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia define la violencia institucional como aquellos actos u omisiones de las y los servidores públicos que, mediante prácticas discriminatorias, obstaculizan el ejercicio del derecho.
Esta reforma propone algo más sencillo pero poderoso, que policías municipales y jueces cívicos estén obligados por ley a actuar con perspectiva de género conforme a protocolos claros, evitando la revictimización y protegiendo la dignidad e integridad de las mujeres, ya sean ofendidas o probables infractoras”, aseveró.
Concluyó que la iniciativa no es para pedir un trato preferencial enfocado hacia las mujeres, sino un trato justo.