La Suprema Corte de Justicia de la Nación ofreció un pronunciamiento interesantísimo que deja en evidencia lo que tenemos pendiente

Sergio Arellano

Socialmente, esto ha sido un debate muy acalorado. Jurídicamente, ¿cómo interpretar la labor del servicio de Uber? Me gustaría apuntar ciertas aproximaciones para entender la ruta que deberíamos de seguir.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ofreció un pronunciamiento interesantísimo que deja en evidencia lo que tenemos pendiente. Primeramente, se abordó el tema de la competencia. Es decir, ¿las legislaturas de los estados son competentes para regular esta materia? La respuesta es que sí. La razón se encuentra en que es un contexto de transporte. Esta duda sobre la competencia surgió porque se hacía referencia a las plataformas digitales en donde se contrata el servicio en vista de que las telecomunicaciones son de orden federal.
Finalmente, el alto tribunal mexicano resolvió que, por tratarse de un asunto referente a la movilidad, les corresponde a los congresos locales. Ahora, otro aspecto relevante es: ¿qué tanto se respeta el marco constitucional? Lo pongo de esta manera porque en Yucatán se limitó a que solo los propietarios del vehículo tienen la posibilidad de trabajar como choferes en la plataforma de Uber. También se muestra que, en Colima, solamente puedes tener un permiso en caso de ser persona física; si eres persona moral, se permiten 10.
Les voy a traducir lo anterior con un ejemplo. Imaginemos a una persona que busca emprender un negocio de comida rápida. ¿Tiene derecho a poner una sucursal o poner 20? Por supuesto que goza de esa libertad de elegir cuántos establecimientos abrirá, siempre y cuando cumpla con los permisos correspondientes. Con esto, estaríamos diciendo que, para los operadores de Uber, ¿no existe la libertad de trabajo?

Después de estas observaciones, tenemos que enfrentar lo que en Europa se está discutiendo. ¿Qué pasará con la seguridad social y el resto de las prestaciones laborales? Sin duda alguna, esto representa un reto legislativo y un entendimiento con el gremio de taxistas. Con la nueva estructura de las jurisdicciones laborales, valdría la pena que, en el centro federal de conciliación que se inaugurará, se valorara la pertinencia de abordar esta problemática. Ambos trabajos merecen desarrollarse dignamente.