Daniel Lizárraga

El pasado domingo por la noche, la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó -como se los ordenó el presidente Bukele- ampliar por un mes más el régimen de excepción para seguir con la persecución contra las pandillas. Hasta el 27 de mayo, quienes sean detenidos por la policía o el ejército no tendrán derecho a una defensa legal, ni a la presentación de sus casos ante un juez en 72 horas y las comunicaciones de cualquier persona pueden ser intervenidas.

Pero esto apenas es el comienzo. De acuerdo con las cifras oficiales en este momento hay más de 17 mil personas enviadas a prisión por pertenecer o colaborar con esas organizaciones criminales. A este ritmo, el bukelato necesitará por lo menos cuatro meses y no dos, para poner tras las rejas a los 70,000 pandilleros que han estado en las calles.

Las pandillas más grandes y poderosas en El Salvador han sido tres: La Mara Salvatrucha 13, el Barrio 18 Revolucionarios y el Barrio 18 sureños. Durante años, década quizá, han infundido miedo y terror entre la gente para cobrar derecho de piso -como le llamamos en México- a empresarios y comerciantes. También se han enrolado en el tráfico y la venta de drogas. Además, obtienen aún más dinero de asaltos y secuestros. Ellos han sido, en algunas zonas del país, los que dictan la ley y la imponen. Quien no la acate puede perder la vida.

Nadie en sano juicio puede negar la urgencia de acabar con ellas hasta donde sea posible. Uno de los problemas ha sido que los gobiernos anteriores, tanto de la derecha (ARENA) como de la izquierda (FMLN) negociaron con las pandillas para mantener una paz social sostenida con pinzas. Pero lo mismo hizo la administración de Bukele como se documentó en el periódico digital El Faro.

Lo que se ha hecho en estos días, ha sido una venganza del bukelato. La persecución contra estos grupos delincuenciales ha sido el fin de sus acuerdos (aún no se saben públicamente las causas) y no la seguridad pública. Si así hubiera sido, desde hace dos o tres años, hubiesen desatado la cacería. No necesitaban un régimen de excepción.

¿El encarcelamiento de los actuales pandilleros acabará con estas organizaciones? ¿El miedo sembrado por el gobierno con mandar a la cárcel por décadas a los pandilleros bastará para que desaparezcan? ¿Si los pandilleros encarcelados no salen nunca de sus celdas y solo reciben dos raciones de comida al día (frijoles con tortillas) será suficiente?

Sin duda habrá quienes se lo piensen dos veces, sin embargo, de acuerdo con otros fenómenos delincuenciales la guerra no es garantía. Un ejemplo de ello se ha visto con el narcotráfico.

Hace algunos años, Ismael Zambada conocido como “El Mayo Zambada”, líder del cartel de Sinaloa, dijo en una entrevista con la revista Proceso que la guerra contra ellos desatada por el expresidente Felipe Calderón no acabaría con su organización por que, si fuesen aprehendidos o muertos, atrás venían otras generaciones listas para suplirlos.

En otras palabras, la guerra se prolongaría por muchos años. Y esto, permite observar un tema de fondo: las condiciones sociales y económicas de un país para que estos fenómenos crezcan y se desarrollen.

La persecución o el combate contra estas organizaciones criminales, o terroristas como les llaman ahora en el bukelato debe ser una obligación de cualquier gobierno, pero pensar que sólo con las armas y un régimen de excepción, por el tiempo que sea, va a solucionar todo es un engaño.

La endeble economía salvadoreña, el desempleo y la pobreza son el caldo de cultivo….

Y suena aún más aterrador cuando los diputados (as) de la Asamblea Legislativa de El Salvador lanzan discursos de odio contra quienes no los respaldan. Juegan con fuego al imponer una narrativa violenta contra quienes los critican apoyados por los votos de la última elección. La mano dura contra las pandillas también está presente en el discurso político. Para ellos, la crítica existe, pero cuidado que sea en su contra.

PD: Lo bueno de escribir esta columna en México es que, si estuviera en El Salvador, correría riesgo de ser enviado a la cárcel 10 años. “Apología”, le llaman en el bukelato. La ley censura, para los periodistas.