En México, las personas con discapacidad siguen enfrentando barreras profundas para ejercer plenamente sus derechos. Aunque existe un marco legal sólido —como la Ley General para la Inclusión y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad—, en la práctica muchos de estos derechos no se respetan.
Según la ENADIS del INEGI, el 33.8% de la población con discapacidad de 12 años o más declaró haber sido discriminada en los 12 meses anteriores.
Esa discriminación no es solo simbólica: casi la mitad (49.6%) de quienes denunciaron discriminación apuntó que el motivo fue su discapacidad.
Además, muchos reportan obstáculos en el acceso a programas sociales:44.5% dijo que les negaron apoyos, como becas o prestaciones gubernamentales, por ese motivo.
Las consecuencias son reales: la exclusión educativa, la falta de oportunidades laborales, la inaccesibilidad física o en los servicios públicos, y la invisibilización institucional.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado casos concretos donde personas con discapacidad no reciben atención médica digna o se les impide ejercer sus derechos básicos.
La normalización de estas violaciones se vuelve aún más nociva cuando el Estado, que debería proteger, descuida o subvalora sus obligaciones.
Prestar atención a esto es urgente: la discriminación contra personas con discapacidad no solo vulnera su dignidad, sino que frena su inclusión social, económica y política.