Perder una casa por despojo no es una estadística: es un golpe directo al patrimonio familiar. En el Estado de México, ese delito ha sido foco de una estrategia específica: la ‘Operación Restitución’, un despliegue coordinado que, desde abril de 2025, ha asegurado mil 563 inmuebles vinculados a despojo y delitos contra la propiedad en 64 municipios.
La acción forma parte de la política de seguridad encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con un objetivo concreto: frenar la ocupación ilegal de viviendas y predios, y devolverlos a quienes acrediten legítimamente su propiedad.
De acuerdo con datos presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en la Mesa de Paz, 895 inmuebles ya fueron restituidos a sus dueños.
Es decir, más de la mitad de los casos asegurados han concluido con recuperación formal del patrimonio.
El procedimiento no es automático: implica investigación ministerial, verificación documental y acompañamiento operativo para garantizar que la restitución se realice con respaldo legal y condiciones de seguridad.
La operación no actúa en solitario. Participan la FGJEM, la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y corporaciones municipales.
Este esquema busca cerrar el margen de maniobra a redes dedicadas al despojo, que suelen aprovechar vacíos legales, inmuebles deshabitados o conflictos sucesorios para apropiarse de propiedades.
El despojo no solo afecta viviendas; también impacta terrenos, locales y predios productivos. En un estado con alta densidad poblacional y fuerte dinámica inmobiliaria, la protección del patrimonio se vuelve un eje de estabilidad social.
Con 64 municipios involucrados en los aseguramientos, la estrategia apunta a un fenómeno extendido, no aislado. El mensaje es claro: la ocupación ilegal puede derivar en aseguramiento inmediato y eventual restitución al propietario legítimo.