El combate al robo de agua ya tiene cifras. Desde octubre de 2025, la llamada ‘Operación Caudal’ ha intervenido 189 sitios vinculados con la extracción, distribución y venta ilícita del recurso en el Estado de México. De ellos, 150 quedaron asegurados.
El operativo, encabezado por el Gobierno estatal en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y autoridades federales y municipales, apunta a frenar una práctica que impacta directamente en el suministro para miles de familias.
De acuerdo con datos oficiales, se aseguraron 62 pozos, 76 tomas clandestinas, dos pensiones y 10 puntos mixtos utilizados para almacenar o distribuir agua de forma irregular.
En 41 casos, los sitios eran operados por grupos delictivos, particulares e incluso organizaciones sociales que utilizaban estructuras similares a sindicatos como fachada.
El objetivo, señalan autoridades, es desarticular redes completas y no solo cerrar válvulas.
A partir de denuncias ciudadanas y trabajos de inteligencia coordinados entre los gobiernos federal y estatal, seis personas han sido detenidas y vinculadas a proceso por su presunta participación en esquemas que afectaban el abasto.
La estrategia busca cortar tanto la extracción ilegal como la comercialización fuera del marco legal, una práctica que se agudiza en zonas con alta demanda.
Las acciones se desplegaron en 48 municipios, entre ellos Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Chalco, Texcoco y Valle de Bravo, considerados puntos clave por su densidad poblacional o ubicación estratégica.
El operativo incluye participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia, Conagua, CAEM y organismos municipales.
El robo de agua no solo representa pérdidas económicas: altera la presión en redes públicas, genera desabasto en colonias y fomenta mercados paralelos que operan sin regulación sanitaria.
Con esta intervención, el gobierno estatal sostiene que busca recuperar el control del recurso y garantizar que el suministro llegue por vías legales a la población.