Hace pocos días escuché a una gran figura de la Ciencia Política en México criticar el sistema dual de autoridades electorales en nuestro país, que explicó compuesto por órganos administrativos federales y otros locales. Criticó tal modelo, así como el oneroso gasto que genera, y como un argumento de reducción al absurdo, señaló que somos el único país que tiene tan horrendo pegote.
No estoy de acuerdo con el duro anatema lanzado desde las alturas académicas.
Y no lo estoy por varias razones. Primero, por ese tufillo que detecto de superioridad, ese ‘digo pero no digo’ que en la provincia las cosas no se hacen bien, y es mejor dejar a los sabios de la capital del país el decidir los asuntos de toda la nación. Parece presumirse que solo en el Distrito Federal se piensa correctamente, se obra con eficacia y se administra con honradez. Ejemplos históricos hay de que tal presunción no es cierta.
Segundo, porque la crítica generalizadora contiene en realidad, quiera o no quien la formuló, un ataque destemplado, históricamente falso y peligroso, contra el federalismo. Si seguimos con la línea de razonamiento que propone, entonces tampoco deben existir policías locales y municipales, ni legislaturas locales, ni ayuntamientos, en suma, no debe existir ninguna otra autoridad diversa de la central, a fin de obtener entonces una coherencia general en el actuar y, presumiblemente, un ahorro. Pero esto no puede sostenerse en un país tan basto, diverso, pluricultural como el nuestro. La gran virtud del federalismo es que permite conservar los rasgos propios de cada porción territorial junto con la necesaria unidad en los asuntos nacionales.
¿Cree usted que se podrían decidir mejor todos los asuntos de Querétaro por funcionarios que residen o son nombrados desde la capital del país?
Tercero, porque no es cierto que México sea el único estado en el mundo con un modelo dual de autoridades electorales y por tanto lo mejor sea tener exclusivamente órganos comiciales federales. Incluso, hay estados federales, como nuestros vecinos del norte, en los que la regulación y operación de las elecciones federales son realizadas por autoridades locales.
Cuarto, en cuanto a gastos, estimo que la distinguida figura académica debió matizar dos asuntos. Primero, que el costo de las elecciones ha aumentado en México fundamentalmente por la fórmula para fijar el financiamiento público de los partidos políticos (tema sobre el que ha escrito recientemente artículos muy interesantes Luis Carlos Ugalde), segundo, que dicha fórmula es producto del legislador, no de los órganos locales.
Quinto, por reduccionista, la visión es inexacta. Cierto, hay órganos electorales administrativos tanto en el ámbito federal como en el local, pero también el modelo dual existe por referencia a las autoridades judiciales electorales, así como a las encargadas de la persecución de los delitos en tal materia. Entonces, ¿Deben también desaparecer? ¿Se aplican las mismas razones o hay otras que resulten propias de estos diversos cuerpos públicos?
Amable lector de esta columna, sabes que en lo personal soy un ferviente defensor del federalismo. ¿Acaso hay mayor expresión de la autonomía de las entidades que el regular, organizar y calificar la elección de sus autoridades? ¿Debemos dejar esto de forma total y despreocupada en la ciencia y conciencia de los funcionarios de la capital del país? ¿Qué les significa a ellos palabras como Huimilpan, Tolimán, Pedro Escobedo?
Tengo muchos años inmerso en la vida académica, y por lo mismo entiendo que la experiencia de cubículo no es suficiente para explicarse la complejidad del mundo. Menos, cuando tal cubículo solo se encuentra en la capital del país, sin que se haya vivido jamás la riqueza de las entidades y la diversidad de los municipios.
Desde las alturas de los cafés de nombre rimbombante en Paseo de la Reforma, no se ve la riqueza de la provincia. Es nuestro deber hacerla notar.
Por: Luis Octavio Vado Grajales
