El por qué elaborar una Ley de Salud Mental para el estado de Querétaro obedece, no solamente al cumplimiento de disposiciones legales que son el de proteger, promover y mejorar la salud mental de la población, también es por procurar el acceso a la atención en salud mental, asegurar que se cumplan los lineamientos profesionales de los cuidados y tratamientos adecuados y oportunos, así como promover y proteger los derechos humanos de las personas con trastornos mentales.
Lo anterior implica reconocer las deficiencias y limitaciones institucionales en cuanto a la prestación de los servicios de salud mental en Querétaro. El estado que guarda nuestra entidad sobre trastornos mentales, problemáticas y servicios de salud mental no serán muy diferentes a los estudios situacionales y datos epidemiológicos de México y del resto de Latinoamérica, pero sí es necesario precisar lo que compete a nuestro campo de trabajo. Aunque no hay investigaciones recientes al respecto, se pueden argumentar diversas experiencias en éste sentido. Problemáticas como el suicidio, la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, la epilepsia, los trastornos de conducta, la violencia y las adicciones, entre otras, son escasamente atendidos en las instituciones oficiales de salud y los esfuerzos de centros privados o asistenciales no responden atingentemente a la demanda, además que muchos actúan en la informalidad y con una falta de especialización profesional.
Por ello, es importante el diseño de políticas públicas, planes y programas que permitan mejorar y asegurar dichos servicios. En el estado de Querétaro, quien asume la responsabilidad de la atención a la salud mental de la población es el Centro Estatal de Salud Mental (CESAM) quien ofrece servicios a personas no derechohabientes del IMSS o del ISSSTE, solo aquellas personas no aseguradas o que estén inscritos en el Seguro Popular. En muchas ocasiones, las personas afiliadas a una institución son atendidas de “primera vez” y posteriormente son canalizadas a su respectiva institución de adscripción. Sin embargo, no existe una instancia reguladora de servicios, de planeación y operación de estrategias y que tenga la autoridad y capacidad de articular la participación de las diversas instituciones de salud y organismos asistenciales y del voluntariado enfocadas a la salud mental. Propuestas surgidas en torno a la atención de las adicciones, el suicidio, la violencia y la vigilancia de los derechos humanos o han desaparecido con los “cambios de gobierno” o han resultado un fracaso.
El contar con una Ley de Salud Mental para el Estado de Querétaro que defina las políticas, planes y servicios dentro de un contexto científico actual, que respete los derechos humanos, que tenga intervención intra y trasdiciplinaria, que asegure la atención a las personas que la necesiten y que ofrezca acciones eficientes de prevención, pondrá a nuestro Estado a la par de otras entidades como Jalisco, Sonora, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Chihuahua y del DF. Su objetivo girará en torno a garantizar el derecho de las queretanas y los queretanos a tener una salud mental mediante la promoción, prevención, atención, tratamiento y rehabilitación de trastornos mentales y psicológicos. Esto, mediante un Sistema Estatal de Salud Mental que organice los niveles de atención, las redes de servicios y los escenarios institucionales, sean individuales o comunitarios, de acuerdo a las necesidades de las personas usuarias y grupos focalizados.
Deseo que los involucrados en su elaboración, psicólogos colegiados, abogados y legisladores, lleguen a un acuerdo conveniente y que ésta iniciativa tenga feliz término. Las queretanas y los queretanos lo merecemos.
Por: Juan Carlos García Ramos, psicólogo Clínico
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