Los ajustes actuales en materia de presupuesto, empleo y desarrollo social, implementados por los diferentes niveles de gobiernos en el país, si bien buscan optimizar las finanzas públicas y los programas sociales, ponen en alto riesgo el desarrollo y bienestar social de la población. Pareciera que se estaría cometiendo un error histórico, el procurar un gobierno de equilibrado y sano en su economía, por encima de las necesidades de muchas familias que sobreviven del trabajo de uno o dos de sus integrantes.

No se requiere en verdad ser un experto en economía para entender que el gobierno busca racionalizar su política económica y por ello la aplicación de diversas medidas, como son el recorte al gasto, el despido de trabajadores, la cancelación de grandes proyectos urbanos, el incremento de predial, el aumento de impuestos, el ajuste a programas de jubilación y retiro, el recorte al gasto educativo y de salud, entre otros, y que en mucho, éstas medidas se deben a factores económicos de corte internacional como es la volatilidad del precio del dólar y del barril de petróleo.

Como suele pasar, ante una crisis, los trabajadores, los estudiantes, las amas de casa son los últimos en reaccionar y muchas veces no saben qué hacer, son los más afectados. Los gobiernos si saben qué hacer y lo aplican, pero ¿y la población? Si no nos preocupamos por el presente, mucho menos por el futuro. Esa es la mala costumbre –o hábito- que tenemos los mexicanos. Y no es que nos acostumbremos a vivir en un nivel de pobreza e ignorancia, sino que somos esclavos de grandes responsabilidades como lo son el cuidar la salud, el procurar una educación adecuada, el mantener una armonía familiar, atender necesidades alimentarias, estar atentos a nuestra seguridad. No resulta sencillo, pues no le damos la importancia necesaria. Las prioridades pueden estar en el uso de tecnologías, satisfacer necesidades efímeras pero constantes o ser parte de las telenovelas sociales y políticas del país. Definitivamente, si el Estado no puede resolver sus limitaciones adecuadamente, nosotros menos.

A todo esto, parece que la justicia está ausente. En ésta búsqueda del bienestar económico del país, los ciudadanos no estamos tomados en cuenta. Los que verdaderamente pueden dar una opinión seria y concienciada, no son escuchados. Esto no es una postura partidista, radical o de oposición al gobierno. Es un reclamo con sentido humano, quizás de sentido común, de dignidad social por lo menos.

La invitación es para nuestras autoridades a escuchar a la población y a educarla para afrontar los tiempos adversos. A entender lo que sucede realmente en las familias, en los hijos, para que no cometan ese error histórico de echar a perder al país, una vez más.

Por:Juan Carlos García Ramos

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