El pasado 26 de octubre, fue nombrado como nuevo procurador Raúl Cervantes Andrade, relevo que representa un cambio no menor en el equipo presidencial y con diversas implicaciones que tienen que ver con el contexto político por las aspiraciones de su compañero de gabinete, nada menos que el responsable del deterioro de la Seguridad Nacional: … Leer más
El pasado 26 de octubre, fue nombrado como nuevo procurador Raúl Cervantes Andrade, relevo que representa un cambio no menor en el equipo presidencial y con diversas implicaciones que tienen que ver con el contexto político por las aspiraciones de su compañero de gabinete, nada menos que el responsable del deterioro de la Seguridad Nacional: el Sr. Osorio, quien paradójicamente busca ser el candidato presidencial de su partido para las próximas elecciones y echarle una mano a la frustración manifiesta de los resultados de su gestión al presidente de la República, por aquello del “no joder a México”.
Pero además, este relevo, no es una decisión que nos deba pasar como una noticia más: cambiar a un procurador es cambiar al líder responsable de la justica en la nación. El nuevo procurador tiene dos años para resolver un reto pendiente que se le ha acumulado al presidente Peña: la conquista del Estado de Derecho.
El reto se adereza con la inseguridad que prevalece en gran parte del territorio nacional; la inconformidad histórica manifestada por las Fuerzas Armadas en días pasados; de que el desgaste lo está cargando la institución y no el Sr. Osorio; la creciente inconformidad de la población contra la corrupción y que sea el propio presidente quien relegó la reforma para su aplicación, y el que personajes como Videgaray y los procuradores previos desaparezcan, sin que obrase de por medio una rendición de cuentas sobre su gestión y sobre los costos de haberles tenido como responsables de intereses tan delicados y superiores, como los son la Hacienda y la Justicia.
Lo anterior sin dejar de lado los casos de los normalistas de Ayotzinapa, la pérdida de control de múltiples casos en Tamaulipas y Guerrero, los casos de exgobernadores como Moreira, Duarte y Padrés, la casa blanca y la casa de Videgaray, la millonaria indemnización de la tranza del Tren Bala y quien sabe cuántos casos adicionales, sin dejar de tener en cuenta un delito por el que no se ha abierto un caso como debiese, a propósito de la TRANSPARENCIA indispensable para la prevalencia del Estado de Derecho, el incremento descontrolado de la deuda interna de la actual administración, que nos ha puesto en una situación delicada, somos ya el país con mayor desproporción entre nuestra capacidad de pago y la deuda que se ha contratado en la actual administración.
La delincuencia organizada, de 2013 a 2106, se ha vuelto a fortalecer. Ante la incompetencia ya mencionada y que estamos padeciendo entre todos de su compañero de gabinete, el reto es replantear la estrategia de Seguridad Nacional, pero con el antídoto disuasivo de la justicia, ante una situación que le representará el mayor de los dilemas: aclarar asuntos que si bien le acreditarían, tendrían costos para el aspirante presidencial o para su jefe.
El reto, entonces, es que decida ser un siervo de la nación o del presidente Peña. No se pone en duda todos sus antecedentes profesionales ni personales, pero tampoco nadie lo obligó a aceptar este puesto en el contexto en que se encuentra el Estado de Derecho de la nación. Tomar distancia del presidente Peña le puede traer costos de todo tipo, hasta personales, considerando las formas en que el PRI ha demostrado hacerlo cuando alguien de la tribu ha pretendido insubordinarse.
México no puede seguir apostando a que sean los valores de la sociedad las que le den orden social y veracidad a la convivencia entre las personas. El problema de la impunidad en México es funcional y estructural, si bien no nació en esta administración y es un pesado legado del siglo 20, en estos años, los casos ya mencionados subrayando la negación a aceptar la reforma de Anticorrupción y el que la la Ley Anti lavado pareciera estar por ahí guardada, hacen a la impunidad un reto desgastado, pero no por ello pertinente y de la mas alta prioridad. El reto es iniciar una cruzada en contra de este fenómeno de deberás, ya estuvo suave de “nadie por encima” de la ley. La población deseamos ver resultados, hechos.
De nada servirá lo que se ha invertido en seguridad, en educación y en derechos humanos, sino se ataca de manera radical y drástica los cuellos de botella institucionales del sistema de justicia, base del Estado de Derecho.
Esta vez puede estar de por medio la paz y la estabilidad social. El nuevo procurador tiene el reto de ser un ejemplo que le urge a México, un ejemplo de valentía para ser un auténtico portador de la ética y de la verdad ante una población ávida de ver justicia ante los verdaderos gánsteres de cuello blanco que lavan dinero, que permiten el tráfico de armas, que son cómplices del tráfico de drogas ilegales y hoy han tolerado la guerrilla creciente en la nación, practicada hasta por los maestros de Chiapas. A lo anterior, la copiosa lista de casos de exgobernadores, incluido el Sr. Ebrard, que anda tan campante.
El riesgo ya no es el mal gobierno que el propio presidente sintetizó con lo de “no joder a México”, ni tampoco las incompetencias y la corrupción que tendrá consecuencias para el que siga, sino la ingobernabilidad y con ello, la amenaza de una incivilidad generalizada y una desintegración social que nadie entonces pueda controlar.
Por el bien de todos, ojalá que el Sr. Cervantes no termine haciendo suya la frase del ‘Perro’ Bermúdez: “La tuvo, era suya y”… se sumó a la lista de políticos intrascendentes.
