Emergencia ambiental

Luis Fernando Valdés
@feyrazon

Una serie de huracanes y sismos en México y el Caribe ponen a prueba no solo los servicios de emergencia, sino el paradigma de solidaridad de nuestra sociedad.

1. Los daños no registrados. El reciente sismo de 8.2 grados (escala de Richter) causó la devastación de la ciudad de Juchitán, y dejó casi 100 muertos en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
Las islas del Caribe y la costa de Florida fueron destrozadas por el huracán “Irma”, mientras que el litoral mexicano fue alcanzado tanto por Katia, en el Golfo de México, como por Max, en el Pacífico.
Además de dejar personas heridas, familias separadas, poblaciones incomunicadas y grandes carestías, los desastres naturales paralizaron la vida social: los damnificados viven en refugios o en la calle y no tienen a dónde acudir para recibir cuidados médicos, tomar clases o comprar víveres.

2. El desafío de la solidaridad. La magnitud de la devastación en el Caribe es de tal magnitud que han intervenido los países que poseen islas en esa zona: Estados Unidos, Francia y Holanda, además de los gobiernos locales en Florida y Cuba.
Junto con la ayuda oficial, la iglesia católica también juega un papel importante en la ayuda material y económica. En la zona mexicana afectada por los sismos, la organización Cáritas entregará 200 toneladas de víveres y productos de primera necesidad en Oaxaca y Chiapas.

3. El peligro de las tragedias olvidadas. Después de la destrucción material, ahora viene el problema de que los damnificados sean olvidados, y tengan que reiniciar sus vidas sin ningún recurso.
Como en la zona mixe de Oaxaca, que no ha recibido ayuda oficial después del sismo y del paso de dos huracanes. Lo mismo en Niltepec, Chiapas, donde la gente escribió al gobernador: “tenemos hambre, tenemos sed y dolor”.

Epílogo. Deseamos que el resultado final de los huracanes y del sismo sea un nuevo modo de entender la solidaridad: primero, que pasemos de la “ayuda inmediata” a la ayuda “sostenida”, para que ya no haya más damnificados olvidados; y, segundo, se haga parte de nuestra cultura la “solidaridad coordinada” de gobierno, sociedad civil e instituciones religiosas.