Cuando fuimos testigos de hechos lamentables como el suicidio en lugares emblemáticos de la capital del estado
Sergio Arellano
“No hay estrés en el mundo, solo gente teniendo pensamientos estresantes”, Wayne Dyer. Soy un firme creyente de que el contexto familiar, laboral, personal e inclusive del país puede ser complejo; sin embargo, no significa que todos debamos optar por el pesimismo y la desvalorización. A propósito de los incidentes ocurridos en la ciudad de Querétaro, no podemos ignorar realidades. No es algo común y la omisión me preocupa.
Cuando fuimos testigos de hechos lamentables como el suicidio en lugares emblemáticos de la capital del estado, atestiguamos una llamada de emergencia para personas que requieren una atención especializada debido a su condición.
Hace tiempo, dialogaba con el gremio de los psicólogos y me externaban una necesidad latente de promulgar una Ley General de Salud Mental.
Acertada observación. Siendo una de las entidades con mayor número de suicidios, consideraría que deben cubrirse dos aspectos: el primero es elaborar una legislación que sea sensible y preventiva; contemplar la opinión de los expertos en este rubro y de quienes han vivido con incomprensión.
El segundo, atender al pie de la letra el pronunciamiento de la tesis aislada del 13 de septiembre de 2019 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que el Estado mexicano está obligado a proporcionar, sin limitación alguna, el acceso a servicios médicos y en particular garantizar el tratamiento de padecimientos conductuales.
Además, se exhorta a las autoridades en la materia a brindar los medicamentos específicos para la sanción de los pacientes en cuestión.
No se trata de una declaración, petición o sugerencia. Está considerado como un derecho constitucional tal y como puede consultarse en el artículo 4.
Esta posición del alto tribunal mexicano convoca a que los estados de la República apliquen el contenido de nuestra carta magna y de esta manera impedir que la privación de la vida sea una solución factible a los problemas cotidianos. Queda claro que la ley no es la solución a todo, pero sí podemos vincular acciones específicas del servicio público al beneficio de la población
