Frank Bruni
Cuando el Senado concluya su juicio al presidente Donald Trump, deberá entrar en receso hasta el próximo enero, y la Cámara de Representantes, también. Los legisladores no deben aprobar legislaciones, considerar nominaciones ni tomar ninguna decisión importante: este es un año de elecciones y los votantes pronto darán su opinión sobre la dirección que deberá tomar Estados Unidos. Los problemas del país deben esperar ese juicio, a menos que los miembros del Congreso digan lo contrario.
¿Se trata de una propuesta absurda? Claro. Sin embargo, va de acuerdo con uno de los argumentos preferidos contra la culpabilidad y la destitución de Trump y es una extrapolación de ello. Sus partidarios republicanos dicen que los legisladores no deberían hablar por los votantes acerca de un asunto tan trascendental. Anticiparse al veredicto en las urnas, afirman, es quebrantar la voluntad del pueblo.
Buen intento. Se elige a los legisladores específicamente para que representen a los votantes en asuntos primordiales. Ese es el sistema y ese es su trabajo. El Gobierno de Estados Unidos no funciona por encuestas diarias, por hora o por asunto (al menos no de manera abierta). El Congreso no tiene más poder de manera exponencial una semana después del día de las votaciones del que tiene un año después.
Además, los legisladores no deben someterse a sus electores a cada paso. Esos electores esperan que, a lo largo de su periodo legislativo, ellos usen su criterio como representantes mejor informados para representar a la gente. Se espera que nuestros legisladores dirijan y también cumplan, sean responsables hacia el sentir de la población, pero que esta no los hipnotice ni los paralice.
Los republicanos han decidido hacerlo de otro modo. Cuando murió el juez de la Corte Suprema Antonin Scalia, el entonces presidente Barack Obama nominó a Merrick Garland para remplazarlo y el líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell declaró que, con unas elecciones presidenciales a ocho meses de distancia, el Senado no podía aprobar nada. No fue una decisión de principios, sino de conveniencia política. Ahora estamos en la misma situación.
