Las entidades más rezagadas del país se hallan en el sur-sureste. En particular, Chiapas y Oaxaca, muestran situaciones de alta marginación
Andrés Peñaloza
El pasado lunes 26 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que para el sur-sureste de México se analiza aplicar un proyecto similar a la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), debido a que “tengo el compromiso de que se aplique, sobre todo en Chiapas, y me lo están pidiendo en Chetumal, Quintana Roo, de que haya una zona franca que les ayude y tengo ese compromiso, lo estamos evaluando el programa y se va a ir ampliando”. Compromiso ratificado el 3 de noviembre adelantando la ampliación de la vigencia y del número de municipios de la ZLFN; así como, la creación de zonas libres con preferencias fiscales y en energéticos, en municipios fronterizos como Chetumal, Tapachula y en diez parques industriales del Istmo de Tehuantepec.
La ZLFN se extiende por una franja de 25 kilómetros a lo largo de 3,152 kilómetros cubriendo seis estados y 43 municipios: Baja California (5), Sonora (11), Chihuahua (8), Coahuila (8), Nuevo León (1) y Tamaulipas (10). Vigente desde 2019 en esta zona geográfica se establecieron reducciones al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 30% a 20%; al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16% al 8%; además se homologaron los precios de energéticos con los Estados Unidos. Estos estímulos fiscales se acompañaron de un alza significativa del salario mínimo al pasar de 88.36 a 176.72 pesos. Es decir, se duplicó. Contrario a algunos pronósticos el programa no provocó efectos negativos en materia de empleos y precios; en cambio, alentó la mejora de los ingresos laborales de las familias y la extensión de programas sociales y de infraestructura.
El 17 de octubre del año pasado el Congreso de Chiapas haciéndose eco de diversas iniciativas para replicar el programa fronterizo del norte al sur-sureste emitió un punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo expedir un Decreto de Estímulos Fiscales para la Región Fronteriza Sur, que incluya la Declaratoria de Zona Libre o Franca de la Frontera Sur a partir de los límites de la frontera y hasta 25 kilómetros al norte, con el fin de estimular y acrecentar la inversión, fomentar la productividad y contribuir a la creación de fuentes de empleos en esta región. También se solicitaba equiparar el salario mínimo al de la ZLFN para mejorar la capacidad de adquisición de la población.
El compromiso del presidente sobre el particular no sólo es deseable sino viable en el corto plazo. Las positivas reacciones del sector empresarial del sureste; así como, la expectativa de reactivación económica para el siguiente año aconseja materializar esta iniciativa. Incluso podría ampliarse la eventual creación de una zona libre hacia aquellas regiones consideradas en el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, megaproyectos en curso a los que se les ha destinado cuantiosos recursos públicos en inversiones y programas sociales razón por la cual es de justicia duplicar los salarios mínimos en el sur o por lo menos igualarlos a los vigentes en la frontera norte.
Lo anterior, sin duda podría achicar las abismales desigualdades sociales. En relación a la persistencia en el grupo más pobre frente a la movilidad socioeconómica ascendente contrasta que en el sur-sureste, el 67% de quienes nacen en los hogares más pobres permanecen en esa condición frente a un 23% en el norte del país.
Las entidades más rezagadas del país se hallan en el sur-sureste. En particular, Chiapas y Oaxaca, muestran situaciones de alta marginación. En Chiapas el porcentaje de la población ocupada sin ingreso suficiente y sin seguridad social asciende a 79 y 84%. El porcentaje de la población de 15 años y más con educación básica incompleta es de 68%. En el caso de Oaxaca los porcentajes sobre los mismos aspectos son semejantes: 74, 83 y 68%, respectivamente.
Entre los seis estados del sur-sureste se concentra el 18 y 34% de la población en pobreza y pobreza extrema del país. Sólo Yucatán (40.8%) y Quintana Roo (27.8%) están debajo de la media nacional (41.9%) pero al ser entidades cuyas economías dependen en gran medida del turismo y servicios relacionados, actividades de las más afectadas por la pandemia, es probable que el bienestar se vea mermado severamente. El porcentaje de pobreza es altísimo en Chiapas (76.4%), Oaxaca (66.4%), Tabasco (53.6%) y Campeche (46.2%).
Uno de los argumentos para promover la ZLFN fue instalar “la última cortina de desarrollo para crear bienestar en México”, toca ahora al sur iniciar sus cortinas de desarrollo dejando atrás el rezago salarial. Sorprende que el salario en México sea la mitad del guatemalteco. El salario mínimo en Guatemala es de 92.88 quetzales diarios. Un quetzal se cotiza a 2.71 pesos mexicanos. Así que, al tipo de cambio actual, el monto es equivalente a 246.28 pesos diarios, el doble que nuestro salario mínimo general.
Pero pasemos de la sorpresa a la indignación: mientras en los Estados Unidos se pague en una hora lo que, en Guatemala y México, se gana en una jornada completa, el éxodo migratorio continuará. Y si bien, el objetivo meta en materia salarial al cierre de la presente administración no da para igualarse a las remuneraciones que se perciben en los Estados Unidos tampoco puede ser el de aproximarse al salario mínimo guatemalteco.
Una nación en transformación social debe conducirse hacia los estándares constitucionales para garantizar que el salario mínimo sea suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos lo que implica ir más allá del mero sostenimiento de una persona y un dependiente; toda vez que, el promedio actual de integrantes de los hogares es de 3.6 personas. En materia salarial es posible alcanzar el poder adquisitivo registrado en 1976. Será en un siguiente periodo de gobierno en que nuestros salarios se sitúen en los niveles promedio de la OCDE.
Nuestro país no debe constituirse en tapón migratorio sino en polo de bienestar y de cooperación para el desarrollo. Mejorar las remuneraciones en el sur-sureste mexicano es un paso inexcusable a emprender.
