Una revisión a la historia de nuestro país en los últimos 20 años deja en claro que la información sobre las condiciones físicas y, en su caso, mentales del presidente son confidenciales

Daniel Lizárraga

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público haberse contagiado de coronavirus en un mensaje colocado en su cuenta de Twitter. Fue una decisión personal. No hay ninguna ley ni reglamento que obligue al jefe del Ejecutivo a transparentar su estado de salud.

Fue una decisión tomada por López Obrador desde sus convicciones, pero ante el debate público quedó claro que su salud es un asunto de seguridad nacional.

¿Y qué pasará en el futuro cuando México pudiese enfrentar una situación similar? ¿El país seguirá dependiendo de las convicciones personales de quien ocupe la silla presidencial? En este momento México tiene otras prioridades, claro está; pero cuando un presidente enferma, como cualquier otra persona, puede ser de un momento a otro. Eso no se planea.

Una revisión a la historia de nuestro país en los últimos 20 años deja en claro que la información sobre las condiciones físicas y, en su caso, mentales del presidente son confidenciales.

En 2005, el IFAI rechazó que la presidencia estuviera obligada a entregar un desglose de las medicinas compradas para Vicente Fox. La prensa había difundido que el mandatario tomaba un antidepresivo. Ante una solicitud de información, Los Pinos sólo entregó datos sobre un pequeño botiquín a disposición de los empleados.

Parece broma pero el resto se consideró confidencial, de acuerdo con el fallo emitido el 13 de julio de aquel año. En noviembre del 2008, Reporte Índigo difundió un dictamen proveniente de la Sacra Rota Romana:  Fox padecía “serios trastornos psicológicos” que le impedían volverse a casar por la Iglesia sin un permiso de la jerarquía católica.

En el Vaticano llegaron a esta conclusión luego de analizar la petición hecha por el  ex mandatario a fin de anular el casamiento con su primera esposa, Lillian de la Concha.

La mañana del 30 de agosto del 2008, Felipe Calderón se fracturó el hombro izquierdo al caerse de una bicicleta en Los Pinos. Presidencia tardó más de 24 horas en informar del accidente.

De acuerdo con la versión oficial, Calderón perdió el equilibrio porque el suelo estaba resbaloso. El comunicado se envió a la prensa poco después del mediodía del 31 de agosto. En un boletín de tres párrafos se detalló que el presidente fue atendido en el Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial. El diagnóstico era conservador y su recuperación demoraría unas ocho semanas. No hubo más detalles.

Al responder a una solicitud de información sobre el expediente médico, el EMP rechazó ir más allá. Les bastó mencionar que los datos sobre la salud física  son confidenciales. Las revisiones médicas practicadas a Calderón han estado bajo resguardo desde el momento en que se practicaron.

Los casos de Fox y  Calderón son incomparables con López Obrador, porque el contexto es distinto. No obstante, el planteamiento de fondo sigue vigente: Ante casos excepcionales, la salud del presidente es un asunto de seguridad nacional y, por lo tanto, debe vacunarse lo más pronto posible y la información sobre su estado deberá ser pública por ley.

Ayer, la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero dijo que la información sobre cómo está respondiendo el cuerpo de López Obrador al tratamiento médico son datos sensibles, protegidos por la ley de datos personales, aunque se trate del presidente.

Justamente, esto es parte del debate. Hay quienes piensan que el  país no puede depender  de la buena voluntad, de la ideología o las convicciones de quien esté sentado en la silla presidencial y que necesitamos garantizar que quien tenga el timón del país en momentos de tormenta goce de buena salud.