La iniciativa del presidente es una regresión al monopolio y al control de CFE
Lupita Murguía
En materia energética el país desdeña el uso de energías limpias. En la apertura del último periodo ordinario de sesiones de la 64 Legislatura, el Presidente presentó al Congreso una iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, en la cual propone favorecer a la CFE en la compra de electricidad.
Para ello, plantea modificar el orden de prioridad del despacho eléctrico, establecido en el artículo 3° de dicha legislación, con el objetivo de que se le de preferencia a las hidroeléctricas, luego a las plantas de CFE, y ya en tercer y cuarto lugar a las energías eólica y solar generadas por particulares, y a las de ciclo combinado de empresas privadas.
Es decir, la apuesta del gobierno federal es comprar energías más caras, ineficientes y contaminantes, en detrimento del medio ambiente y del bolsillo de los mexicanos, que tendrán que absorber el alto costo que representa la ocurrencia gubernamental de “fortalecer” a CFE.
Y como hay prisa, la iniciativa fue enviada con carácter preferente a la Cámara de Diputados, lo que obliga a su dictaminación y votación en un plazo no mayor a 30 días naturales, y de aprobarse, será turnada como minuta al Senado, que tendrá también el mismo plazo para su procesamiento.
Se trata de una reforma con muchas implicaciones para el futuro del país, un punto de quiebre, quizás. El sector privado no ha dudado en considerarla una “expropiación indirecta”, que ahuyentará inversiones en este y otros sectores y acarreará una ola de demandas y conflictos internacionales por la violación de tratados, especialmente el T-MEC.
Para los expertos no existe un argumento económico que justifique el cambio y contrario a lo anunciado por el presidente de EUA en estos días, de avanzar en el uso de energías limpias para combatir el cambio climático, en México vamos a quemar más carbón y combustóleo -los peores contaminantes que hay- para producir electricidad.
La iniciativa del presidente es una regresión al monopolio y al control de CFE, representa un atentado al libre mercado, a los derechos adquiridos de los generadores particulares y una clara violación al T-MEC y a los compromisos internacionales de México en materia ambiental.
De aprobarse en sus términos, es previsible que el asunto acabe en la SCJN y en tribunales internacionales.
