La vacunación contra el COVID-19 no es un programa social, es un derecho y un servicio de salud pública que el gobierno debe proveer y garantizar gratuitamente a toda la población
María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Con casi 20 mil funcionarios públicos que pertenecen a la nómina de la Secretaría del Bienestar, el gobierno federal tiene una estructura electoral pagada con recursos públicos, volcada a la promoción del voto a favor de Morena.
Este ejército electoral está integrado por los llamados servidores de la nación, que operan bajo el mando de coordinadores regionales y delegados estatales en todas las entidades del país con el objetivo de incidir en los resultados de los próximos comicios. Son la burocracia dorada del gobierno de López Obrador.
Fueron vacunados antes que muchos médicos, enfermeras y adultos mayores, forman parte de las brigadas de vacunación, a pesar de que no corresponde a las atribuciones de la Secretaría del Bienestar y de que su actuación ahí es totalmente irregular, porque el Acuerdo del Consejo de Salubridad General no contempla la participación de dicha secretaría en esas tareas.
La vacunación contra el COVID-19 no es un programa social, es un derecho y un servicio de salud pública que el gobierno debe proveer y garantizar gratuitamente a toda la población; no es una dádiva electoral, pero los servidores de la nación, con recursos públicos y en franca violación a la Constitución y a las leyes electorales, la utilizan para pedir el voto.
Son cada vez más frecuentes los videos y testimonios que circulan en las redes en los que personal de la Secretaría del Bienestar visita a beneficiarios de los programas sociales para condicionar los apoyos a cambio del voto, lo que resulta indignante.
De acuerdo con estimaciones, los servidores de la nación le cuestan al país 4 mil 752 millones de pesos, presupuesto muy superior al destinado a instituciones de salud, adicionalmente la SHCP recién les autorizó “viáticos diarios” sin comprobación.
Un botón de muestra de su uso electoral es la resolución de la Sala Superior del TEPJF que ordena revisar la responsabilidad en la que incurrieron funcionarios de alto nivel, incluido AMLO, en la promoción personalizada que los servidores de la nación hicieron durante el levantamiento del Censo del Bienestar en 2019.
El personal portaba chalecos y gorras con la imagen de López Obrador para dejar en claro que los apoyos económicos serían enviados por él, lo que está prohibido por la Constitución, pues las ayudas que entrega el gobierno es dinero de todos; sin embargo, Morena se empeña en apropiarse de los programas sociales y en hacer proselitismo político, aprovechándose de la necesidad de la gente.
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