Es claro que si hay elementos en contra de algún actor político por sus decisiones tomadas en el pasado –así se trate de un expresidente–, las autoridades tienen la obligación de hacerlos valer
Guadalupe Murguía
El próximo 1° de agosto, a propuesta del presidente López Obrador, la ciudadanía será sometida a un costoso ejercicio de simulación con cargo al erario, en el que se le consultará si quiere que las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia cumplan con su trabajo. ¿Sí o no?
Cueste lo que cueste, esta consulta, a todas luces ociosa, inútil e innecesaria, va. Se prevé la instalación de 57 mil casillas y casi 94 millones de electores estarán en posibilidad de responder una pregunta confusa y ambigua que la Suprema Corte reformuló para darle tintes de legalidad al capricho presidencial.
Esta maroma constitucional solo fue posible gracias a la complacencia de un grupo de ministras y ministros que resultan muy convenientes a los intereses del Ejecutivo federal y por supuesto a los legisladores federales de Morena y sus aliados que la aprobaron con obediencia ciega, como le gusta a AMLO.
Es claro que si hay elementos en contra de algún actor político por sus decisiones tomadas en el pasado –así se trate de un expresidente–, las autoridades tienen la obligación de hacerlos valer, de iniciar un proceso y sancionar al responsable. La justicia no se consulta, ¡se aplica! Lo demás es caer en un populismo penal.
Lo cierto es que la Corte sentó un precedente lamentable con una resolución jurídicamente insostenible, “un concierto de inconstitucionalidades”, diría el ministro Luis María Aguilar.
Ahora bien, la consulta puede ser usada para enjuiciar a políticos del pasado que están muy presentes, como Marcelo Ebrard por la L-12 del metro, Claudia Sheinbaum por el mismo caso y también por el Colegio Rébsamen, o Irma Eréndira Sandoval por omitir bienes en sus declaraciones patrimoniales, entre otros.
El INE está a cargo de la organización de la consulta popular que costará más de 500 millones de pesos y, para que el resultado sea vinculante, deberá participar al menos el 40 por ciento de la lista nominal de electores, es decir, 37.5 millones de ciudadanos.
El país requiere una consulta que sirva, no un ejercicio de propaganda y simulación que lo único que busca es darle al presidente los argumentos para decir que cuenta con el aval de la sociedad para perseguir a los expresidentes, sin que posiblemente esto se traduzca en ninguna acción concreta a favor de combatir la corrupción y hacer justicia. Al tiempo.
