Caso Conacyt: ¿estalinismo o democracia?: Daniel Lizárraga

Daniel Lizárraga

El tercer intento de la Fiscalía General de la República (FGR) para obtener órdenes de aprehensión contra 31 académicos y exfuncionarios de

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por la presunta comisión de delitos de carácter patrimonial, entre los cuales han incluido el lavado de dinero, será un golpe contra el Gobierno de López Obrador si de nuevo incurren en errores de comunicación y siguen en la misma línea de la opacidad.

En los tiempos actuales, nadie en su sano juicio se opondría a que este grupo de profesores y exservidores públicos sean castigados por malversar el erario en beneficio personal, incluida desde luego la oposición –lo que resta de ella– o la gente que simplemente no simpatiza con la Cuarta Transformación.

Uno de los problemas está en la pésima manera de comunicar del Gobierno de López Obrador. Los yerros van desde el Palacio Nacional hasta la más modesta oficina gubernamental. En el caso del Conacyt, se ha debatido, sobre todo, por qué acusan a los académicos de un delito como el lavado de dinero. Para que esta acusación tenga asidero, es indispensable que las autoridades prueben que la fuente de sus ingresos es de origen ilícito, es decir, que provenga de un secuestro, del robo a un banco o del narcotráfico.

En este caso, el dinero malversado proviene del presupuesto federal asignado al Conacyt. No puede ser una fuente ilícita; es dinero público. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) amparó a la             exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo contra el delito de lavado de dinero porque, si bien ella se aprovechó del dinero de los maestros, esos recursos correspondían a una fuente lícita: las cuotas del sindicato.

Puestos en este escenario: ¿cuál es el fundamento de la FGR para mantenerse en la misma disposición de acusar a los exfuncionarios y académicos del Conacyt por lavado de dinero? Quizá, en este momento, hasta en tanto no envíen de nuevo sus acusaciones ante un juez, podría mantenerse el sigilo en torno a la investigación. Pero, como este caso se ha convertido en algo de interés público, vendría bien que las mismas autoridades expliquen cómo y por qué sostenerse en la misma línea.

Si los dos jueces que ya negaron las órdenes de aprehensión están actuando de mala manera que los exhiban. La información oficial en este sentido fortalecerá no únicamente al Gobierno en turno, sino también a la democracia. Dentro de la FGR hay profesionales del derecho que entienden mejor que el resto de la población los recovecos del marco jurídico. Ante ello, como servidores públicos también deben rendir cuentas.

Los comunicados de la FGR no servirán de nada si repiten los argumentos que ya se conocen.  ¿Cuáles son sus pruebas? ¿En qué se apoyan? ¿Por qué lavado de dinero? Eso será lo importante. Si hay desvío de recursos públicos demostrado, nadie se opondría; pero la saña, la rudeza de consignarlos como lavadores de dinero sin pruebas sería estalinismo.