Mucho se habla –y se exige con razón– sobre la necesidad de adaptar el marco normativo a la realidad social para garantizar una mejor calidad de vida, máxime en un área tan sensible como la seguridad y la justicia.
En un país que adolece de innumerables y dolorosos capítulos de violencia, de los que Querétaro no está exento, las autoridades locales se coordinaron para presentar un paquete de reformas, que contempla 10 líneas de acción para mejorar las condiciones de la entidad en la materia.
Si bien el estado tiene una realidad –y por fortuna– diferente a la de otras entidades, no se puede ocultar que ha sido alcanzada por un fenómeno que inevitablemente es parte de todas los estratos sociales: la inseguridad. La pregunta es ¿cómo contener y atender dichos fenómenos?
La atención e inclusión de comunidades marginadas es una parte; la otra, la adecuación de leyes que enfrenten el contexto actual del fenómeno de inseguridad en las diferentes regiones del estado; sin perder de vista el respeto a los derechos humanos para garantizar un resultado real y justo para resarcir el daño a las víctimas, quienes son lo más importante.
El gobernador Mauricio Kuri llamó a cerrar filas por Querétaro; esperemos que estas buenas intenciones alcancen la acción y no se queden en el discurso.
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