Mario Maraboto

El próximo domingo, finalmente se llevará a cabo la votación por la “revocación” del mandato, un tema que ha despertado muchos comentarios y confrontaciones, y que ha planteado la disyuntiva entre votar o no votar, en virtud de la distorsión que se ha dado sobre el concepto por parte del Gobierno federal, para convertirlo en una “ratificación” del mandato.

Aun cuando este ejercicio está garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establece obligaciones, derechos, procesos y responsables para su ejecución, de origen está viciado; es un ejercicio que debería entrar en vigencia a partir del próximo sexenio, pero el actual presidente la ha impulsado aun cuando incurra en violaciones a las leyes. Es parte de una estrategia destructiva.

Quien solicitó este ejercicio fue el mismo que lo propuso desde su campaña electoral: el propio presidente, no los ciudadanos; quien la ha impulsado desde su Gobierno y con los medios del Estado es él mismo; quienes obtuvieron las firmas para solicitar el ejercicio fue su movimiento con el apoyo de órganos de Gobierno en las entidades gobernadas por Morena, no fue un movimiento ciudadano auténtico, y ha sido evidente el uso de recursos públicos para la promoción del proceso, tal como lo hizo el pasado fin de semana el secretario de Gobernación.

Conforme lo establece la Constitución, la revocación de mandato es tanto un derecho (Art. 35, IX) como una obligación (Art. 36, III). Visto como un derecho, los ciudadanos tenemos la opción de ejercerlo o no, pero visto como una obligación debería cumplirse por todos los ciudadanos. Sin embargo, el ruido que se ha generado sobre este proceso ha llevado a confundir el derecho con la obligación, de forma que un sector de la población, en uso del derecho, está decidido a no ejercerlo, pasando por alto la parte de obligación.

Seguramente, muchos de quienes hemos optado por no votar en este proceso, estamos conscientes de que se trata de un ejercicio inútil; el presidente sigue teniendo más del 50 por ciento de popularidad y quienes no estamos satisfechos con su desempeño queremos demostrarlo no asistiendo a las urnas el próximo domingo.

Pero más allá de participar o no, cualquiera que sea el número de votos a favor o en contra, el presidente saldrá ganando. AMLO busca lograr una participación mayoritaria para mostrar su poder para movilizar personas, a pesar de que los pronósticos son de una baja participación que nada tendrá que ver con los 30 millones de votos que lo llevaron a la presidencia. De ahí, la preocupación de sus gobernadores y su partido por cubrir una cuota de acarreo a las casillas.

El tema es que la revocación de mandato, propuesta por él con el apoyo de su bancada en el Congreso para incluirla en la Constitución, y en vista de sus más recientes declaraciones acerca de la posibilidad de reconstruir el proceso electoral para que el pueblo elija a los consejeros electorales, es una malévola estrategia para, si no desaparecer al INE, sí restarle autonomía y poder designar consejeros a modo para operar las próximas elecciones desde el Palacio Nacional, como antes lo hacía el PRI desde Los Pinos.

A partir de ese supuesto, pensemos cómo va a ser el lunes 11, al día siguiente de la votación:  cualquiera que haya sido el resultado, el presidente atacará abiertamente al INE, reforzando sus mensajes de días recientes: ese es su objetivo. Si hubo poca concurrencia, seguramente dirá que el INE no realizó la suficiente promoción y no instaló un mayor número de casillas; si la poca concurrencia votó en mayoría por su permanencia en la Presidencia, expresará que si el INE hubiera hecho bien su trabajo, se hubiera notado que el pueblo lo ama. Si por alguna razón la votación por la revocación del mandato es negativa, indudablemente desconocerá el resultado y culpará a los conservadores y a los medios de comunicación por armar una campaña en su contra.

Es un hecho que, por donde se vea, AMLO ganará y tendrá nuevos elementos para intentar llevar adelante una absurda reforma constitucional. ¿En dónde está la oposición? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para impedir que se destruya nuestra incipiente democracia? ¿Podríamos demandar al presidente por traición a la patria al violar continua y flagrantemente la Constitución?