Daniel Lizárraga

La bóveda de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de donde se robaron el expediente oficial sobre la investigación de La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto nunca ha contado con tecnología de seguridad, ni con cámaras de video que pudieran haber identificado a los responsables materiales.

El pasado lunes por 31 de mayo, el reportero Gustavo Castillo publicó en La Jornada información exclusiva de un largo y tortuoso juicio sobre la desaparición del expediente original y los archivos anexos. Si revisamos con detenimiento la noticia, nos daremos cuenta de que la magistrada federal Isabel Cristina Porras ratificó sanciones menores contra tres exservidores públicos quienes estuvieron a cargo de cuidar esos documentos, no de habérselos robado.

La información de Gustavo Castillo es precisa cuando menciona que, por esa razón, a José Gabriel Carreño Camacho, ex subsecretario de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas; a Jesús Antonio Suárez, exdirector general de denuncias e investigaciones y a Daniel Pérez Rueda, exdirector general adjunto de investigaciones B, sólo les castigaron con trabajo comunitario y una disculpa pública.

Pese a los recursos de apelación y otros reclamos ante tribunales, la Función Pública no pudo comprobar que esas personas fueran los autores materiales del robo, en caso de que esa fuera su intención.

Los tres castigados son apenas uno de los eslabones. A juzgar por los hechos, los autores materiales e intelectuales están impunes.

El agravio a la sociedad por el posible conflicto de interés de Peña Nieto no sólo es una herida abierta, también es una burla por una doble razón:

-En la caja de cartón donde debió estar el expediente original y sus archivos anexos, dejaron fotocopias de la versión pública del fallo que se difundió por internet exculpando al exmandatario y, por cierto, también a su exesposa Angélica Rivera. Es decir, se trata de documentos testados, con grandes manchas o párrafos en negro por supuesta protección de datos personales.

-En las actuales investigaciones de la Función Pública, uno de los tres sancionados por no haber resguardado el expediente propuso como reparación del daño pagar de su bolsa cámaras de video apuntando a la bóveda de documentos oficiales sensibles para que esto no ocurra de nuevo.

A los tres exfuncionarios no pudieron comprobarles -si es que había alguna sospecha- que ellos desaparecieran el expediente. Por eso el castigo tan irrisorio. La culpa no es de la magistrada, sino de la incompetencia de la Función Pública.