Roberto Mendoza
El presidente habla mucho sobre conceptos de pérdida y recuperación, uno de ellos es la soberanía, que en su definición según la dirección general del Centro de documentación, información y análisis de la Cámara de Diputados “consiste en asegurar la capacidad de los mexicanos para tomar libremente decisiones políticas en el interior, con independencia del exterior. Por eso, la soberanía no reconoce en el país poder superior al del Estado ni poder exterior al que se subordine”. Enarbolando este concepto que deberíamos de dar por sentado, el presidente usa otra abstracción, el de la nacionalización, que según la Enciclopedia de Humanidades es la “expropiación o estatización, es un proceso mediante el cual un Estado nacional asume la administración de empresas, bienes o terrenos manejados por particulares, sumándolos al patrimonio del Estado”.
Mediante el uso de estos conceptos el presidente imagina y pretende incluirse a si mismo en una épica narrativa histórica además de absurda obsoleta pues estos conceptos por demás desgastados en el siglo pasado, no tienen el mismo peso significante entre la juventud actual, no es lo mismo que se emocione a las nuevas generaciones que a los pocos que continúan vivos de esa progenie que algo entendían de lo glorioso que pretendían ser estas nociones.
El mayor problema de estas ideas que ya no son revolucionarias, disruptivas, ni tampoco beneficiosas para el pueblo en general, ya se ha probaron y comprobado de manera amplia que el Estado, al menos el mexicano, no es el mejor administrador público. La principal razón es que hemos tenido una continuidad de malas decisiones en materia administrativa y financiera, nuestros funcionarios no son expertos en nada, cada seis años llegan nuevos funcionarios a aprender todo, desde los protocolos administrativos a la toma de decisiones, nuestros funcionarios, mayormente no tienen buenos sueldos, tampoco un compromiso firme con la nación, esto propicia la avaricia y engendra la corrupción.
Las decisiones de nacionalizar algún bien o servicio se han tomado a la luz de diversas crisis, así fueron las dos nacionalizaciones del siglo pasado, tanto la del petróleo como la bancaria, hoy no teníamos, ni tenemos esa necesidad, de manera que la supuesta decisión de comprar unas plantas eléctricas a una empresa no fue en respuesta a ninguna crisis y no trajo un mayor beneficio, ni cambió nada, simplemente se usó de manera propagandística.
Tratar de nacionalizar lo más posible es una línea narrativa del presidente que no responde a una urgencia nacional y cuando se ha tratado de una verdadera crisis como el COVID, se ha demostrado que el Estado no tiene la capacidad operativa para resolverlo y el actual gobierno no pudo implementar medidas de emergencia que solventaran los diversos apremios en materia de salud, económicas, de trabajo y logísticas que requería toda la población mexicana. Seguramente la actual administración será recordada históricamente por esta crisis y sus consecuencias: millones de contagios, miles de muertes y una cantidad no estimada de personas con secuelas.
Los actuales funcionarios públicos, igual que sus antecesores en los 70s y 80s, piensan que el dinero público no es de nadie, que se lo pueden robar impunemente, que como cada mexicano aporta una ínfima cantidad, no importa tanto. Es una percepción errónea que propicia casos como el de Segalmex, el actual gobierno ha fallado estrepitosamente en materia administrativa, lo único que ha hecho excelente el presidente, es su propaganda, el resultado final se lo dejo a los historiadores. Este es un gobierno de saliva y que sorprende sólo a quien quiere ser sorprendido. Mientras, seguimos solos.
