Saben que ya se van: Estrella Rojas

Estrella Rojas Loreto

El pasado miércoles 10 de abril de 2024 en el Senado de la República sesionaron de manera conjunta las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, con la finalidad de discutir dos polémicos temas. El primero, una reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, en materia de suspensión del acto reclamado y suspensión de normas generales; y el segundo, la adición de un artículo 9 a la Ley de Amnistía para el otorgamiento directo de esta figura por parte del Ejecutivo Federal.

Respecto a la reforma a la Ley de Amparo, limita la posibilidad de que los jueces otorguen suspensiones, cuando se presenten juicios de amparo contra leyes federales o estatales. Esto es, cuando se interpone un juicio de amparo en contra de una ley estatal o federal, el juez puede dictar medidas cautelares, como la suspensión provisional y en su momento la definitiva, para evitar una afectación en contra de quien o quienes promueve el juicio.

En este caso la propuesta de Morena es que los jueces ya no puedan suspender obras o leyes reclamadas en juicios de amparo, no importa si resultan peligrosas, inconstitucionales o si representan un riesgo para los derechos humanos. Lo que sin lugar a dudas haría más difícil que las personas se defiendan de las arbitrariedades del gobierno.

En el caso de la reforma a la Ley de Amnistía, se faculta al presidente de la República para otorgar la amnistía de manera directa sin sujetarse al procedimiento establecido en la Ley, cuando esta se otorgue a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado Mexicano.

Hoy ya contamos con el criterio de oportunidad, que puede ser otorgado bajo ciertos criterios y requisitos; por lo que esta reforma no solo es a modo, sino también innecesaria, pues solo otorga mayor poder al presidente de la República, sin justificación alguna.

Se fortalece la estrategia que este gobierno ha utilizado de “abrazos no balazos” y de “perdón y olvido a los delincuentes”. Es un pacto con la impunidad, que revictimiza a las personas, pues las deja sin justicia y en el olvido, al facultar al presidente para perdonar a cualquier delincuente, por cualquier delito, ya sea narcotráfico, delincuencia organizada, violación o secuestro.

Es evidente que estas reformas no pueden aprobarse de manera tan apresurada, solo porque saben que ya se van, ameritan una amplia y profunda discusión, pero sobre todo debemos considerar a la sociedad civil y a los expertos.