Por primera vez en la historia política moderna de nuestro país el poder judicial está en revisión para una reingeniería institucional, se encuentra bajo el escrutinio público, e inmerso en las pugnas políticas entre morena y sus aliados con el PRIAN.
Con la publicación de esta reforma, los ciudadanos tendrán el derecho de elegir a los integrantes del poder judicial, los cuales deberán ser evaluados por un comité que revisara méritos, conocimientos y experiencia de los aspirantes a un puesto. Con esta reforma se tiene la convicción de eliminar el tráfico de influencia y el nepotismo.
Es innegable que el modelo actual de la justicia se caracteriza por ser caro, tardado y con procedimientos burocráticos excesivos. La corrupción ha socavado la confianza en el poder judicial, porque en la mayoría de las historias casi siempre gana el que tenga mayor poder económico. Separemos la justicia del poder económico y político.
Sin aficiones partidistas, una de las ideas más debatidas es la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, la cual desde mi opinión atiende al ideal democrático en su versión pura. Me pregunto ¿por qué el poder judicial, que no es producto de una elección popular, puede invalidar una ley emanada del legislativo o ejecutivo que sí es electo de manera directa?
Quienes protestan en contra del voto popular para elegir a juzgadores, se quejan y oponen entonces a más democracia.
El voto popular garantiza en cada uno de los encargos una verdadera independencia concebida como un principio dirigido a situar al órgano que imparte justicia y sus titulares al margen de presiones de otros factores de poder y los propios miembros jerárquicamente superiores del poder judicial.
La nueva justicia debe ser el instrumento de control del gobernado fuera de los momentos electorales.