Los cascos azules de la ONU son, para algunos, “símbolo de esperanza” en zonas de guerra y, para otros, actores que solo se desplazan cuando a los miembros del Consejo de Seguridad les interesa, por ello, su efectividad se pone en duda. Aunque sus misiones han probado ser eficaces en ciertos contextos como Namibia o Liberia, en otros lugares, estos “garantes de la paz” parecen ser testigos impotentes de la violencia. Casos como Sudán del Sur y Mali evidencian sus limitaciones: escasez de recursos, mandatos restrictivos y la falta de apoyo internacional. Con más de 90.000 efectivos desplegados en áreas de alto riesgo, es preocupante que su presencia, en algunos casos, no logre reducir la violencia ni proteger a los civiles de forma efectiva.
Esto nos obliga a reconocer que los cascos azules operan bajo tres principios básicos: consentimiento de las partes, imparcialidad y no uso de la fuerza, salvo en defensa propia o de civiles (si su mandato lo autoriza). Aunque bien intencionados, estos principios son ineficaces en escenarios de conflicto asimétrico, donde actores armados desafían abiertamente su autoridad y los civiles quedan atrapados en el fuego cruzado. Además, el financiamiento insuficiente y la burocracia de la ONU limitan su capacidad de reacción, dejando a millones en situación vulnerable y lo más importante y que se olvida constantemente es que todo organismo internacional está conformado por países soberanos y, por lo tanto, las misiones de paz llegan hasta donde la voluntad del país receptor lo autoriza.
Para restaurar la confianza en estas misiones, es esencial que la comunidad internacional redefina los mandatos y garantice recursos adecuados no solo en los países donde el Consejo de Seguridad tiene intereses económicos. Sin reformas profundas, el futuro de los cascos azules está en juego y el costo lo pagan las poblaciones que dependen de su protección. La ONU debe decidir: ¿reformar o aceptar su declive como garante de paz?
