En medio de constantes reformas al Estado de derecho, la Segunda Sala de Suprema Corte emitió una sentencia que protege los derechos humanos de las personas migrantes.
Quienes llegan a México en busca de mejores condiciones de vida, a menudo se convierten en víctimas del crimen organizado y de la corrupción de las autoridades. Un informe de la sociedad civil documentó mil 280 desapariciones de migrantes entre 2007 y 2021; el 75 por ciento de ellos, en estaciones migratorias gestionadas por el Instituto Nacional de Migración, y que operan como cárceles y centros de tortura.
La mayoría de los ministros votó a favor de obligar a las autoridades a crear un registro de migrantes detenidos, con el objetivo de evitar detenciones arbitrarias, ofrecer asesoría jurídica y garantizar la comunicación con sus familiares. Sin embargo, es preocupante que dos ministras cercanas al oficialismo se opusieran, enviando un claro mensaje: a esa clase política, no le interesa la protección de los derechos humanos. Aunque ahora su oposición parece irrelevante, en unos meses toda la Corte podría ser reemplazada por personas alineadas, y sentencias protectoras como esta dejarán de existir.