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4 de diciembre 2024

Juez Vicente de Jesús Peña Covarrubias

En medio de constantes reformas al Estado de derecho, la Segunda Sala de Suprema Corte emitió una sentencia que protege los derechos humanos de las personas migrantes.

Quienes llegan a México en busca de mejores condiciones de vida, a menudo se convierten en víctimas del crimen organizado y de la corrupción de las autoridades. Un informe de la sociedad civil documentó mil 280 desapariciones de migrantes entre 2007 y 2021; el 75 por ciento de ellos, en estaciones migratorias gestionadas por el Instituto Nacional de Migración, y que operan como cárceles y centros de tortura.

La mayoría de los ministros votó a favor de obligar a las autoridades a crear un registro de migrantes detenidos, con el objetivo de evitar detenciones arbitrarias, ofrecer asesoría jurídica y garantizar la comunicación con sus familiares. Sin embargo, es preocupante que dos ministras cercanas al oficialismo se opusieran, enviando un claro mensaje: a esa clase política, no le interesa la protección de los derechos humanos. Aunque ahora su oposición parece irrelevante, en unos meses toda la Corte podría ser reemplazada por personas alineadas, y sentencias protectoras como esta dejarán de existir.

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