La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó hace días la reforma constitucional al modelo de elección del Poder Judicial, que, entre otros cambios, pospone la elección prevista para 2027 hasta 2028, divide (nuevamente) a la Corte en dos secciones y “fortalece” los comités de evaluación encargados de revisar a los futuros candidatos.
De acuerdo con el régimen, estas modificaciones buscan perfeccionar el marco normativo y dotar al sistema de una mayor eficiencia. Sin embargo, no hace más que confirmar las deficiencias de la propuesta original. Resulta difícil sostener que un modelo requiere ajustes profundos a menos de dos años de su implementación, sin reconocer que fue diseñado con prisas.
Más preocupante aún es que los cambios introducidos no atienden los verdaderos desafíos de la justicia en México: la falta de acceso efectivo a los tribunales, los rezagos procesales, la insuficiencia presupuestal, la profesionalización de jueces y magistrados, y la garantía de independencia judicial. Se corrigen mecanismos, pero se ignoran los problemas estructurales. Cuando la forma desplaza al fondo, el riesgo es terminar con un sistema distinto, pero no necesariamente mejor.