La reforma judicial ha sido ampliamente analizada desde diversas perspectivas. Es fácil identificar dos bandos maniqueos: uno que la repudia y la considera la manifestación más acabada del autoritarismo priísta y otro que la enaltece como una muestra inmaculada de democracia. Me atrevo a decir que ambas facciones tienen algo de razón; sin embargo, esta tampoco es una reflexión novedosa.

La universidad, ese recinto del que la academia se siente tan orgullosa, está llamada a alzar la voz. La inteligencia, aquella que, durante décadas, se sometió servilmente a los caprichos del poder presidencial, tiene, hoy, una nueva oportunidad de estar a la altura de las circunstancias. ¿Acaso la pobre calidad de nuestra clase política es consecuencia de que las y los intelectuales y académicos han dado históricamente un paso al costado? Salvo honrosas excepciones, creo que sí, algo hay de eso. No obstante, este no es el momento de buscar culpables, sino de plantear alternativas.

Desde la trinchera que me corresponde, la dirección de una de las facultades de Derecho más importantes del estado, la del Tecnológico de Monterrey, levanto la voz. No se trata de una proclama vacía, sino de una reflexión crítica sobre la manera en que enseñamos el Derecho a las nuevas generaciones, aquellas en las que un país entero deposita su esperanza para evitar que la democracia constitucional termine por exhalar su último suspiro. La apuesta es por las y los jóvenes que, hoy, se forman en nuestras facultades.

Pero ¿cómo esperamos que estas nuevas generaciones reparen los errores cuando la cultura democrático-constitucional ha sido sutilmente erosionada por 200 años? Es cierto que la juventud es esperanza. A mí, me ilusiona una joven rebelde que se niega a aceptar el rol impuesto por estructuras poco democráticas y nada igualitarias; me inspira el jurista que, ante una oferta corrupta del poder, sabe decir que no porque quiere seguir mirando a los ojos a su familia. Desde luego, ese ímpetu es valioso, pero la universidad debe hacer algo más. Somos la artesana que tiene, ante sí, una materia prima de excelente calidad, pero que requiere de talento, experiencia, conocimiento y buen juicio para transformarla en una valiosa vasija.

Desde mi perspectiva, las facultades de Derecho deben rescatar saberes que la modernidad ultrarracionalista relegó al olvido. Para empezar, el sentido de lo justo, el valor de lo razonable antes que lo exacto. Específicamente, debemos reivindicar la enseñanza de la Historia, no como una mera relatoría de antecedentes sin relevancia, sino como una metodología que aporte sensibilidad y herramientas críticas para comprender que no cualquier norma, por el simple hecho de estar en una ley o incluso en la Constitución, es auténtico Derecho. La experiencia histórica nos proporciona una perspectiva invaluable, que, en estos tiempos, se convierte en una poderosa herramienta de innovación en la enseñanza del Derecho, por paradójico que parezca.

Si realmente queremos innovar en la enseñanza jurídica, más nos vale aprender a mirar hacia el pasado. Ya lo decía Ortega: “Somos nuestro pasado”. Ese pasado nos constituye como personas y como nación, sin comprenderlo e interiorizarlo, no podremos entender que, más que una Licenciatura en Derecho legolátrico, necesitamos una Licenciatura en Justicia. Sin eso, no le daremos armas a la juventud para tremenda tarea que le hemos legado. Ahí, radica, estimo, buena parte de la responsabilidad de la academia jurídica y de la universidad en su conjunto. Yo la asumo como Sísifo, como, antes de mí, la asumió mi maestro Rafael Estrada Michel y, antes de él, el suyo, Jaime del Arenal.

*Director del Departamento de Derecho
Tecnológico de Monterrey
Campus Querétaro
X: @JulioSancliment

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