La justicia mexicana está en crisis, colapsada. Las instituciones legales son inútiles, cuando no, cómplices del delito. Ya no se acude al Ministerio Público, se recurre a la violencia. Se lincha al presunto culpable, se dispara al invasor, se ajusticia al ladrón. Mientras tanto, el delincuente de barrio apropia del nombre de un cártel para intimidar y delinquir con eficacia. Creamos desde hace años un país donde la justicia se privatiza y el crimen es una marca registrada.
El Estado ya no garantiza la justicia, se ha convertido en un espectáculo. Elegir jueces por voto popular no va a democratizar la ley, la va a someter a encuestas y clientelas. La impunidad del 95% revela una ecuación perversa delinquir es más seguro que trabajar. Casos como el de la “abuelita justiciera” o los linchamientos recientes no son excepción, son advertencia. México vive una ola de justicia por propia mano, vive una renuncia institucional al deber de proteger. En esa renuncia crece la barbarie y el miedo.
La ONU lo ha dicho claro: sin justicia, la paz es imposible. Las naciones más seguras son aquellas donde el Estado funciona; en México nosotros, los ciudadanos, estamos solos. Simular reformas mientras se desmantelan contrapesos es cinismo, traición. El crimen se expande, las víctimas se arman, el Estado se encoge, este gobierno no puede sólo observar, tiene que actuar. La justicia no es un derecho, es un riesgo. No aceptemos que la desesperación sea la nueva Constitución no escrita del país.