La narrativa con la que el partido en el poder “justificó” la reforma al Poder Judicial federal se basó en que era necesario limpiar de corrupción a la institución para fortalecer la justicia en México. Dijeron que los Comités de Evaluación de los Poderes de la Unión garantizarían la idoneidad de los candidatos y, así, el pueblo podría elegir entre los mejores perfiles.
En días pasados esta narrativa se cayó. A menos de un mes de la elección, con las boletas ya impresas y en distribución, el Congreso que aprobó todo el diseño de la reforma, solicitó, al INE, que se retiraran una veintena de candidaturas ante el incumplimiento de uno de los requisitos de idoneidad: gozar de buena reputación.
La preocupación surge de que algunos de los candidatos han sido acusados e incluso condenados por la comisión de delitos como peculado o se dedicaban a la defensa de integrantes de la delincuencia organizada.
Parece ser que los requisitos que garantizan que lleguen, a las boletas, los mejores candidatos fallaron; la “idoneidad” y la “buena reputación” no eran necesarias si alguien tenía “pase directo” en alguno de los comités. Es posible que el futuro del Poder Judicial no quede en manos del pueblo.