A pocas semanas de la elección judicial, el Gobierno inunda los medios de comunicación con propaganda en defensa de ese ejercicio, como si la designación de jueces y magistrados por voto popular fuera la máxima expresión democrática.
Creer que la democracia se logra solo con salir a votar implica un retroceso en el avance logrado con la reforma constitucional de 2011, que fijó, como premisa fundamental, la dignidad humana y la responsabilidad de las autoridades de respetar los derechos de todas las personas y que pretendía la construcción de un verdadero Estado en el que el poder de los gobernantes estuviera limitado por una constitución que armonizara el orden político y las normas que deben existir en una sociedad democrática.
Hoy, el nuevo modelo de organización social estatal deja, a un lado, los derechos humanos, la fortaleza de las instituciones y la independencia judicial; por eso, no es sorpresa que las propuestas de campaña de los candidatos en estos temas, en un Estado donde los derechos de las personas no constituyen el significado del poder público, queden en meras promesas como a lo largo de la vida política hemos visto en cada campaña electoral.