México entra en la recta final de una campaña inédita: la elección de cargos del Poder Judicial. La promesa de democratizar la justicia ha derivado en una contienda marcada por boletas complejas y perfiles, en muchos casos, deshonestos. Lejos de fortalecer la autonomía judicial, el proceso ha abierto la puerta a candidaturas con historial opaco, vínculos partidistas y escasa preparación jurídica.
Mientras se presume que el pueblo elegirá a quienes impartirán justicia, la realidad muestra una ciudadanía confundida ante listas interminables de aspirantes y una campaña dominada por eslóganes, no por propuestas. Según datos del Instituto Nacional Electoral, en algunas entidades se presentan demasiados nombres para un solo cargo, lo que convierte la elección en un laberinto de difícil acceso para el votante promedio.
En vez de acercar la justicia al pueblo, el riesgo es capturarla desde el poder político. Si los méritos se diluyen entre la demagogia y el oportunismo, el daño a la legalidad será profundo. El futuro del Estado de Derecho está en juego, y hoy más que nunca, exige una ciudadanía crítica, informada y vigilante. La justicia no se promete, se imparte.