La llegada del cardenal Prevost a la silla de Pedro me hizo pensar en algo que, a veces, olvidamos: Occidente no sería lo que es sin el cristianismo y no hablo de la religión como institución, sino de su filosofía… del mensaje esencial que transmitió desde sus orígenes. Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles, se convirtió y cambió la historia ya no con armas, sino con palabras. Su mensaje fue simple y poderoso: todos los seres humanos somos iguales en dignidad y la llave para ello es el amor.

Esa idea, aunque tenga origen espiritual, ha terminado siendo el corazón de lo que llamamos, hoy, una cultura constitucional. No se trata de imponer creencias religiosas, sino de reconocer que valores como la justicia, la igualdad, el respeto a la diversidad y la paz pueden (y deben) traducirse en instituciones laicas, accesibles para todos y todas, creyentes o no. En otras palabras, se trata de convertir el mensaje de amor y dignidad en derechos y garantías, para lo cual es necesaria una organización equilibrada del poder.

Pero, en México, ese ideal se ha ido apagando. Tenemos una Constitución “avanzada”, llena de buenos propósitos, pero una cultura constitucional muy débil. Nos falta asumir que ese texto no es solo un documento legal, sino un compromiso con la vida digna del pueblo que lo sostiene. Una buena Constitución no debe imponer un modelo ideal desde el papel, sino partir de la realidad de quienes la viven: su historia, sus dolores, sus esperanzas, su pluralidad, sus trampas, su corrupción… y, desde ahí, construir una convivencia justa o digna, que, para el caso, es lo mismo.

Para lograrlo, no basta con hacer reformas y contar votos en el Congreso. La democracia real no está en el número de manos levantadas, sino en si esas decisiones permiten a las personas vivir con dignidad… si permiten que los derechos humanos sean garantizados o no en la realidad. ¿De qué sirve que la Constitución tenga una lista inmensa de derechos humanos si no hay paz, igualdad, libertad y fraternidad hacia las y los desposeídos? Necesitamos algo más profundo, aunque podríamos empezar con una nueva forma de entender la justicia.

Los jueces y juezas no pueden seguir repitiendo leyes como si fueran grabadoras. No basta, ni siquiera es posible, con aplicar la ley como está escrita. Hay que entender el espíritu que la anima y no olvidar que la justicia está en el caso concreto porque, si una ley es injusta, por mucho que haya sido aprobada legalmente, no puede ser verdaderamente legítima.

Hoy, necesitamos juzgadores que no sean técnicos fríos, sino personas conscientes de que su tarea es proteger un orden que no inventan, sino que deben descubrir: un orden basado en la dignidad de todos y todas. Ese es el verdadero sentido de una justicia auténtica y no teóricamente constitucional.

Claro que no es fácil. Hay que resistir muchas tentaciones: la del ego, la del poder, la del activismo sin freno o la de decidir por capricho. Como Ulises, hay que atarse al mástil de la razón y la justicia para no caer en nuevos autoritarismos, esta vez, disfrazados con toga.

Tampoco se trata solo de cambiar a las y los jueces, sino de formar mejor a quienes ejercerán el derecho. No necesitamos estudiantes que solamente memoricen leyes, sino futuros juristas con visión histórica, sensibilidad social y sentido ético; con capacidad de leer el mundo, no solo los códigos, y con formación interdisciplinaria, no meramente técnica.

Algunas universidades, como la que integro junto con la directora nacional Ana Pamela Romero, ya han decidido dar ese paso. Apostamos por dejar atrás el modelo legalista del siglo XIX y formar juristas del siglo XXI, no es una mera reforma académica, es una forma de devolverle, al derecho, lo que nunca debió perder: el alma, porque, en medio del ruido, del desencanto y de los extremos, hablar de dignidad y justicia todavía es un acto de fe. Una fe laica, sí, pero fe al fin.

*Director del Departamento de Derecho. Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro

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