El argumento principal con el que el grupo político en el poder justificó el cese masivo de juzgadores, fue que el pueblo debía elegirlos democráticamente, para lo cual, los Comités de Evaluación del Senado y del Ejecutivo Federal aseguraron que los candidatos propuestos cumplían con el perfil idóneo. El Comité de evaluación del Poder Judicial no propuso ningún candidato por lo que el Senado de la República efectuó un nuevo sorteo para elegirlos.
Emitido el voto en la elección judicial, hace crisis la designación de candidatos, según han declarado las autoridades electorales a pesar de que algunas personas obtuvieron más sufragios que sus contrincantes, podrían no ocupar el cargo para el que fueron elegidos al incumplir con el promedio mínimo de calificación requerido.
En un proceso improvisado se vuelven a revisar los perfiles de aspirantes, en donde la decisión del pueblo no será la última palabra; con la falta de seriedad para manejar los temas más importantes de la República y de legitimidad política del proceso, se generan graves consecuencias que dejan en incertidumbre y zozobra el acceso a la justicia y el orden social en el que vivimos.