En una democracia, la representación no es un privilegio, es un derecho político fundamental. El paso de los votos a los escaños siempre implica una reducción: no todas las preferencias ciudadanas pueden traducirse en lugares en el Congreso. Pero el tamaño de esa reducción depende del sistema electoral.
Los sistemas de mayoría relativa pura concentran el poder: permiten que un partido obtenga la totalidad de la representación sin haber ganado la mayoría de los votos. En contraste, los sistemas de representación proporcional pura reducen este sesgo: cada partido recibe una proporción de escaños equivalente a su proporción de votos, salvo aquellos que no alcanzan el umbral mínimo —5% en Alemania, 3% en México—.
Los sistemas mixtos buscan balancear ambos principios. Pero su efectividad depende del tamaño de la asamblea y de la magnitud distrital. Por eso, la propuesta de reducir la Cámara de Diputados de 500 a 400 integrantes, manteniendo los 300 de mayoría relativa, no es neutral. Implica una disminución directa del pluralismo en la representación política. En otras palabras: incrementa el efecto reductor de la fórmula electoral, dejando menos espacio para las minorías, desincentivando la competencia y dificultando que la diversidad social, política e ideológica se refleje con fidelidad en el Congreso.
Menos curules no significa menos gasto. Significa menos voces. Y en democracia, eso es un retroceso evidente.