El asalto final a los contrapesos está en marcha. Mientras se formaliza la purga de más de 1,600 jueces y magistrados de carrera, un golpe devastador a la independencia judicial, la aplanadora del partido gobernante ya apunta hacia el árbitro electoral. No hay ingenuidad en la secuencia. Es un desmantelamiento metódico.
Primero se captura la justicia para garantizar impunidad y resoluciones a modo; después, se desarma al árbitro electoral para asegurar la permanencia en el poder. La elección de jueces por aclamación popular es la antesala de una justicia por consigna. La inminente reforma electoral busca crear elecciones a la carta, sin una autoridad autónoma que valide los resultados o garantice equidad.
Ambas reformas son los cimientos de un andamiaje autoritario que se viste de legalidad. Se usan las mayorías para aniquilar a las instituciones que protegen a las minorías y garantizan la pluralidad. México se asoma a un precipicio: el de un Estado con un solo poder, sin contrapesos reales, donde la voz del ciudadano puede ser silenciada. La democracia no muere de golpe, se extingue institución por institución.