El pasado 19 de marzo, se aseguró en el puerto de Altamira un buque tanque con 10 millones de litros de combustible de contrabando. Eso quitó el seguro a una bomba mediático-política que ha permanecido públicamente durante varios días: el huachicol financiero.
Es significativo que, tres días después de la visita del Secretario de Estado de los Estados Unidos a principios de este mes, el Secretario de Seguridad Ciudadana, seguramente por orden presidencial, dio a conocer la investigación de este caso que involucra a personal naval relacionado con las aduanas marítimas, luego de dos años desde que el entonces secretario de Marina pidió indagar a presuntos implicados, incluso familiares suyos.
Recordemos: en 2019 una explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, producto de una picadura en un ducto de Pemex para traficar con el combustible, anunciaba una red de tráfico. Sin una estrategia, AMLO involucró a las fuerzas armadas, en las que había plena confianza, a pesar de que se trataba de actividades para las que no fueron entrenadas y que no estaban dentro de su misión esencial.
Un año después, el 17 de julio de 2020, AMLO anunció que las aduanas marítimas y terrestres quedarían a cargo de la Secretaría de Marina, con el respaldo de la Sedena, para combatir la corrupción y el contrabando en estos puntos estratégicos.
A lo largo de su (des)gobierno expresó reiteradamente que el Ejército y la Marina eran “incorruptibles” y por ello les otorgó cada vez más responsabilidades civiles, más allá de sus funciones tradicionales. Finalmente, en mayo de 2022, la Semar y la Sedena tomaron el control total de las 50 aduanas del país, con facultades de inspección, vigilancia y gestión de recursos.
Continuamente AMLO reiteró que confiaba más en las fuerzas armadas porque eran “pueblo uniformado” y, a diferencia de la burocracia civil, menos susceptibles a corrupción. El entonces presidente olvidó que los integrantes de las fuerzas armadas también pueden ser víctimas de la debilidad humana; ampliar el papel de las fuerzas armadas a funciones civiles incrementó el riesgo de corrupción dentro de las filas militares. En los últimos años, se reportaron detenciones de integrantes de la Secretaría de Marina acusados de participar en el contrabando o manipulación de combustible y mercancías en aduanas y puertos, sin que autoridad alguna se preocupara en investigar a fondo.
La bomba le explotó a Sheinbaum, quien insiste en la presentación de pruebas, calificó como “pura politiquería” las solicitudes de investigar al EXpresidente, intentó cambiar la agenda con el tema de los aranceles a China y, al responder a un reportero de a deveras, tajantemente rechazó seguir respondiendo, como intentando hacer un cierre al escrutinio periodístico, lo cual no ha sucedido.
Ciertamente no se puede generalizar que toda una institución esté corrompida, pero el cáncer hace metástasis (ayer se supo que un Vicealmirante fue denunciado por permitir la descarga de 20 huachi-buques y que un subalterno ya está vinculado a proceso). Los efectos de la bomba continuarán y ya sabremos a quién afectarán.