Diálogos con la Justicia: Vicente Peña

Juez Vicente de Jesús Peña Covarrubias.

La reforma a la Ley de Amparo presentada por el Ejecutivo la semana pasada, plantea, entre otros temas, una reducción en los tiempos para el dictado de las sentencias. Aunque la intención de agilizar los juicios es loable, preocupa que se imponga velocidad sin atender un problema estructural del nuevo Poder Judicial: la falta de experiencia de muchos de sus integrantes.

Como hemos visto, a partir de la “elección popular” llegaron a los cargos judiciales muchas personas sin la preparación necesaria para asumir la responsabilidad de un juzgador, y empezaron improvisando.

Acelerar los tiempos en un sistema ya presionado puede traducirse en decisiones mal fundamentadas, con efectos graves para la protección de derechos. El amparo es un mecanismo para garantizar la legalidad de los actos de autoridad y la protección constitucional, por lo que su correcta administración requiere tiempo, análisis riguroso y especialización.

Pero parece ser que este es el objetivo de los cambios al sistema judicial, jueces sin preparación y un juicio de amparo cada vez más restringido, que más que proteger a los ciudadanos, garantiza que no se contradigan las decisiones surgidas desde el poder.